Análisis de problemas relacionados con el despliegue de información digital y los riesgos de la inseguridad epistémica a propósito de la agenda del diálogo para la paz entre Gobierno y ELN de Colombia que sus delegados están terminando de configurar en Caracas
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Los espacios digitales traen riesgos y oportunidades para los procesos de paz. Es el momento conveniente para la identificación de pistas temáticas por la re-instalación de la mesa de diálogo entre delegados del estado de Colombia y del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional, con Venezuela como nación garante. Es también oportunidad ya que el Presidente de la República de Colombia informa los actos del gobierno nacional mediante plataformas de medios sociales.
Las historias periodísticas y las noticias fluyen a través de ecosistemas híbridos de información, donde los espacios mediáticos heredados (medios analógicos como radiodifusión, televisión y periódicos) coexisten con los espacios digitales configurados en plataformas de medios sociales (Facebook, Twitter, WhatsApp y YouTube en Occidente o WeChat, Weibo y TikTok de China). Tal hibridación arrastra desinformación, información engañosa, noticias falsas y discursos de odio pero sobre todo genera la acción de remediación, donde los medios analógicos y los digitales se refuerzan mutuamente a través de estrategias de inmediatez y de hipermediación con base en la retórica inmersiva. Más todavía, si los medios heredados reafirman el status social los medios digitales lo retan, representándose unos en los otros.
Las principales plataformas de medios sociales se apoyan en el modelo económico de ganancia que recompensa la información errónea y emocional socavando al periodismo asentado en hechos, a diferencia de otras tecnologías de información. Ese modelo económico es el prototipo del capitalismo de vigilancia que monetiza los datos privados, aprovecha la economía de la atención predispuesta en los usuarios que se mantienen en línea y abastece los algoritmos que privilegian los contenidos de sensación que, a su vez, refuerzan los filtros de burbuja con los peores aspectos de la sensibilidad humana. La información así compartida en ecosistemas híbridos influye en la democracia y en los conflictos sociales al presentar un marco con otros tipos de polarización.
Literatura al respecto
Han sido estudiados en el libro, Digital Information, Conflict and Democracy. In Social Media Impacts on Conflict and Democracy: The Techtonic Shift (editado en 2021), entre otros, exponentes como Brasil con base en la información armada y el odio digitalizado, Colombia mediante la influencia espuria en espacios democráticos por el uso de medios sociales y Venezuela debido al autoritarismo del siglo XXI en el ámbito digital.
Para el proyecto ICT4 Peace, surgido en las primeras conversaciones de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, en Ginebra (2003), liderado por el Grupo de Trabajo sobre TIC de Naciones Unidas, “la comunicación también es esencial para poner fin a los conflictos y construir una paz duradera, y las TIC tienen un papel clave que desempeñar en la mejora de la comunicación al facilitar las negociaciones, aumentar la transparencia y formar confianza.”
Lisa Schirch, profesora senior de Práctica de Estudios de Paz en Keough School of Global Affairs de la Universidad de Notre Dame, argumenta que el entorno digital ha creado un cambio tectónico al ofrecer nuevas posibilidades para escalar la participación pública, mejorar la colaboración de múltiples partes interesadas en las decisiones y apoyar elementos de los procesos de paz públicos sostenidos. Las nuevas posibilidades serían: velocidad de transmisión y alcance de la información, multiformas para compartir información y comunicación interpersonal, creación de contenido evitando técnicas del periodismo, etc.
Iria Puyosa, académica venezolana en comunicación política especializada en resistencia civil bajo regímenes autoritarios, en su documento "Venezuela: 21st Century Authoritarianism in the Digital Sphere", resume la información extensa sobre violaciones motivadas en derechos digitales y políticos que afectan a los venezolanos, principalmente a los usuarios de medios sociales, debido a la dinámica del conflicto entre el gobierno autoritario y los luchadores por la redemocratización cuyo proceso erosiona la democracia.
Diana Dajer, asesora colombiana del Ministerio del Interior de Colombia, del Programa de Estado de Derecho para América Latina de Konrad-Adenauer-Stiftung y del Centro Internacional de Toledo para la Paz, en su artículo "The Use of Social Media in Colombian Democratic Spaces: A Double-Edged Sword", sostiene que la era de los medios sociales brinda oportunidades y desafíos a una amplia gama de partes interesadas en Colombia, para aprovechar el poder de la innovación tecnológica a fin de fomentar una democracia más abierta y transparente en medio del conflicto.
Riesgos mediáticos
Así mismo se han logrado aclarar riesgos del entorno digital para los procesos públicos de paz sostenidos, relacionados con la tecnología digital y las ganancias de las plataformas de medios sociales. Con la infraestructura y el diseño tecnológico se amplifican la polarización, la discriminación y el extremismo mientras que con el modelo de negocio se altera la viabilidad financiera del periodismo de noticias.
Dichas conclusiones se han cerrado en mayo 2022 luego del ciclo de entrevistas y el taller sobre paz convocados por las fundaciones internacionales Hirondelle (con sede en Lausana, Suiza, fundada en 1995 para crear y desarrollar medios de comunicación, estaciones de radio FM, programas multimedia y sitios Web "pure player" para enfrentar conflictos, desastres humanitarios, revoluciones, cambio climático, violaciones masivas de los Derechos Humanos) y ICT4Peace (que apoya el gobierno suizo desde 2003 orientada a la política y la acción cuyo propósito es salvar vidas y proteger la dignidad humana a través de las TIC y los nuevos medios con fines pacíficos).
Previamente, informes generalizados del año 2021 sobre plataformas de medios sociales estudiaron también la amplificación de la polarización, el odio y el extremismo en prácticamente todos los países de los cinco continentes. La primera tesis argumenta que las prestaciones del servicio digital muestran información a los usuarios que muy probablemente refuerza sus creencias y sesgos actuales al ocultar fuentes de información diversas, confiables y basadas en hechos. Mediante ese diseño del contenido se amplifican la polarización ideológica y los grupos identitarios.
Puyosa en el año 2018, identificó con antelación cuatro estrategias comúnmente utilizadas en Twitter por el gobierno de Venezuela (garante del diálogo de paz entre ELN y Estado de Colombia): i) coordinación de cuentas oficiales y automatizadas para responder los trending topics diarios; ii) promoción de hashtags distractores acompañados de mensajes emocionales, escandalosos, engañosos, ofensivos y falsos a través de cuentas cyborg y bot; iii) secuestro de hashtags publicados por la oposición para distorsionar los mensajes; y iv) interferencia y contaminación a las conversaciones entre las diversas comunidades de oposición, según el documento "Venezuelan Government Strategies for Information War on Twitter".
La segunda proposición acerca del negocio de los medios digitales tiene vinculación con los algoritmos no neutrales moralmente pues reflejan los sesgos y los prejuicios de las personas que los crean. Investigadoras como Cathy O'Neil, matemática estadounidense y autora de documentos en temas de ciencia de datos, o Ruha Benjamin, socióloga y profesora en el Departamento de Estudios Afroamericanos de la Universidad de Princeton, han encontrado algoritmos que refuerzan la discriminación por motivos de identidad, género, etnicidad, clase social, etc. Este desarrollo prolonga las publicaciones con altos niveles de participación con las que se aumentan las ganancias del modelo informático.
Luego de la investigación interna de Keach Hagey y Jeff Horwitz, publicada en The Wall Street Journal Online, Facebook admitió que sus algoritmos y las publicaciones incendiarias expandieron emociones porque tienden a generar mayor participación del usuario. Esa amplificación digital de la polarización, discriminación y extremismo representa amenazas significativas en elecciones democráticas y procesos de paz destinadas a prevenir, reducir o poner fin a la violencia. Sea el caso “el modelo neo-autoritario de las dictaduras cerradas: incluye la judicialización al discurso opositor en línea y la promoción de ciberataques contra activistas pro-democracia”, se argumenta en el artículo "Political control on the Internet in the context of a hybrid regime. Venezuela 2007-2015" de Puyosa. En Colombia también hay investigaciones sobre la influencia del uso de plataformas como WhatsApp, Facebook y Twitter en diferentes procesos políticos internos, como el plebiscito de 2016 sobre el acuerdo de paz entre gobierno y guerrilla de FARC-EP, las elecciones presidenciales del año 2018 y las amenazas y los asesinatos contra líderes sociales desde que se firmó el acuerdo de paz, como señala Dajer en su artículo ya mencionado.
Estas causas en la infraestructura tecnológica no neutral, que amplifican la polarización y alteran el negocio de las historias noticiosas, han generado que el movimiento “Stop Hate for Profit” reclamara a Facebook en julio 2020 “dejar de valorizar las ganancias por encima del odio, la intolerancia, el racismo, el antisemitismo y la desinformación”.
El modelo de negocio de ganancia de los medios sociales en detalle altera la viabilidad financiera del periodismo de noticias en los medios de comunicación heredados que respetan la ética profesional del periodismo. También las ganancias económicas de muchas plataformas generan conflictos al ofrecer acceso gratuito a los usuarios a cambio de recopilar o extraer sus datos privados sobre creencias y preferencias de esos usuarios, que luego venden mediante anuncios personalizados en línea. Este segundo perjuicio mediático, con base en el modelo de ganancia, conocido como “economía de la atención”, orienta el desarrollo de los algoritmos que sesgan y crea las posibilidades de contenidos que impulsan conflictos.
Se trata de un bucle cerrado por cuestión de dinero. Es decir, las ganancias generan tecnologías con sesgo que aventajan el modelo de negocio de la noticia digital. Algunas de esas dinámicas estudiadas a escala global se refieren, entre otras a: agregación de noticias (re-publicación) en los espacios digitales que resta financiación al laborioso oficio del periodismo profesional cimentado en exactitud, verificación de fuentes, imparcialidad, minuciosidad, etc.; traslado de los anuncios de los medios heredados a los medios digitales con información más particular que rastrean perfiles del usuario lo que ha generado cierre o reducción en la cobertura periodística; búsquedas ubícuas digitales cuyo poder predictivo es “miga de pan” que cuenta la historia más precisa de nuestra vida y registra nuestro comportamiento tal como sucede en realidad. Es una tendencia para Kleis Nielsen, Alessio Cornia y Antonis Kaleogeropoulos reportada en 2016 por el Council of Europe cuya consecuencia “reduce el acceso a la información verificada necesaria para el interés público en momentos de elecciones democráticas y participación social para los procesos del gobierno inclusivo”.
Los hitos significativos del esfuerzo neo-autoritario de control a la comunicación en Venezuela con base en el modelo de negocio de ganancia genérica incluyen, por ejemplo: la nacionalización de la empresa de telecomunicaciones CANTV (2007), el cierre del canal de televisión RCTV (2007), la suspensión de 39 estaciones de radiodifusión (2009), la expropiación del canal privado de noticias Globovisión (2014) y la venta obligada de varios periódicos, como Últimas Noticias (2013), El Universal (2014), Noti Tarde (2015). Por si no bastara, el canal multiestatal Telesur de suscripción inició transmisiones por iniciativa de Hugo Chávez de Venezuela y Fidel Castro de Cuba, en el 222 aniversario del natalicio de Simón Bolívar, para la difusión de noticias internacionales del Sur.
Militarización digital
Otros cuatro riesgos digitales para los procesos públicos de paz sostenidos se enlazan directamente con el uso óptimo de las tecnologías digitales que interrumpen el ecosistema de información de diversas maneras.
El primero es el acceso digital que implica neutralidad de la red y apagones de Internet. La brecha del acceso digital persiste en gran parte de la población mundial en modos de desigualdades entre pobres y ricos, alfabetizados y analfabetos, urbanos y rurales, identidades de género...
En Colombia, el informe del estado de acceso y necesidades del servicio de Internet elaborado por Néstor Alonso Jiménez de la Universidad del Rosario, de marzo 2022, da cuenta que los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST) están segmentados con base en nichos de mercado, así: cuatro mantienen 82% del mercado, cinco tienen un mercado del 10% y el restante 8% del mercado lo posee el resto. Estas cifras tomadas del Boletín Trimestral del sector TIC -cuarto trimestre de 2020- del Ministerio de las TIC son manifiestas posibilidades que “se presenten las condiciones para configurar un oligopolio, figura económica de mercado, inconveniente para el usuario, porque facilita acuerdos entre proveedores”.
Las cabeceras municipales de los departamentos de Valle, Quindío, Risaralda y Cundinamarca tienen más computadores de escritorio; Valle y Risaralda lideran los hogares con internet fijo; Santander, Meta, Valle, Casanare, Quindío y Boyacá encabezan los servicios de Internet móvil. No existen análisis detallados para conocer cuál es el cubrimiento del servicio público de Internet en zonas rurales pero hay que tener en cuenta que los PRST que se presentaron en 2019 a la subasta del Espectro Radioeléctrico para las bandas 700, 1.900 y 2.500 MHz aprovecharían las poblaciones de los centros urbanos para maximizar el potencial de la tecnología 4G en “3.658 localidades en zonas rurales de los 32 departamentos del país, incluyendo el archipiélago de San Andrés, y estarán operativos en menos de cinco años”. Lo cierto es que la “informatización rural es aparentemente poco rentable debido a la mezcla entre el cumplimiento pasivo del deber político y la búsqueda proactiva de los intereses comerciales”, según ilustra Chun Liu, en su documento de 2016 “Sustainability of rural informatization programs in developing countries: A case study of China׳s Sichuan province”.
La ausencia de neutralidad de la red ya es un hecho en la democracia del primer mundo. Resulta que en diciembre 2017, la presidencia de Estados Unidos, a través de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), revertió la normativa aprobada en el gobierno de Barack Obama, donde los proveedores del servicio de información digital deben permitir el acceso a cualquier contenido sin importar de donde provenga y sin favorecer o bloquear productos o servicios particulares. En Colombia, por el contrario, el artículo 2 numeral 6 de la Ley 1341 de 2009 y el artículo 9 de la Resolución 2715 de 2020, expedidas por MinTIC, establecen la neutralidad tecnológica en la “garantía del Estado a la libre adopción de tecnologías” y en las “obligaciones de hacer comparaciones entre diferentes tecnologías para identificar pertinencia o viabilidad.”
Esta neutralidad de la red para académicos y profesionales nos representa que Internet debe tratarse como un servicio público de Red provechosa. Por encima del presupuesto obvio que Internet es libre, abierta y necesaria con la que se accede a información y comunicación, es condición previa para una paz sostenida. A mayor información de calidad con fuentes autorizadas superior pensamiento y lectura críticas.
Adicional, se han constituido perversas alianzas no para interrumpir el acceso público gratuito a Internet si no para “priorizar los anuncios pagados o la información con fines de lucro en las búsquedas en Red, bloquear algunas fuentes de información y/o presionar las fuentes de información del gobierno como fuerzas políticas y económicas”, sostiene Deji Olukotun, investigador en The Global Net Neutrality Coalition. En efecto, la aplicación “Free Basics”, apta para todo público, de la tecnológica Meta, sí aumenta el acceso digital a Internet al precargarse en los teléfonos móviles para que los usuarios locales alcancen fuentes de información seleccionadas “gratuitas” a través de Facebook. Pero los algoritmos de Meta adaptan las noticias a las creencias pre-existentes de los usuarios con lo que se puede contribuir a mayor polarización y conflicto.
Los apagones de Internet son también táctica de gobiernos neo-autoritarios para silenciar críticos y castigar ciudadanos no solo cerrando la conexión a la Red si no generando apagones eléctricos que afecten la conectividad a internet. El movimiento global Access Now documentó en la publicación “#KeepItOn Update: Who is Shutting Down the Internet in 2021?” no menos de 50 apagones de Internet en 21 países solo en la primera mitad del año 2021.
El segundo control digital es la ciberseguridad con base en ataques de malware con los que los actores de los conflictos estructuran variedades de formas. Mientras el robo cibernético implica conquistar o secuestrar información privada los ataques de denegación del servicio impiden el uso de todo elemento digitalizado. Las tácticas oscilan entre infectar o dañar sistemas de agencias gubernamentales, interrumpir redes eléctricas, sistemas de agua potable, plantas de energía nuclear, instalaciones de atención médica, señales de tránsito masivo, hasta suprimir programas informáticos y vender datos privados.
El sitio Web de la agencia Comisión de Paz del gobierno de Colombia es No seguro según notificación del navegador Google Chrome, versión 104, con que se hizo el acceso el 30 noviembre 2022. En la sección Prensa, no hay Noticias publicadas en septiembre 2022 sobre las “convocatorias abiertas a los diálogos regionales”. En el portal Web de la Presidencia, el buscador de la sección Noticias no funciona. Estas dos muestras me corroborarían la respuesta del Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Danilo Rueda, al responder en entrevista de televisión (14 septiembre 2022) acerca de la relación entre los diálogos regionales vinculantes con la paz total:
Decía Rueda:
“La exclusión social y la desigualdad es lo que ha sustentado y justificado para muchos la violencia. La desigualdad, la ausencia de oportunidades, es lo que ha justificado que muchos jóvenes se vinculen a la violencia. Y el diálogo según el Presidente no es sólo con los armados, es con los ciudadanos. Los ciudadanos son el sujeto que puede construir la paz. Solamente una ciudadanía conciente de sus derechos y un gobierno que responda a sus derechos pueden construir la paz. En la medida en que este gobierno asume compromisos muy concretos y específicos en todos los territorios, la legitimidad de posibilitar el uso de la violencia, sea para un alzamiento armado y ejercer el derecho a la rebelión o para la acumulación y la protección de la riqueza para unos pocos, pierde su sustento”.
-Y, ¿cómo llegan las personas a los encuentros del diálogo regional vinculante?
“Habrá líneas abiertas de participación virtual pero también habrá escenarios públicos donde los ciudadanos participarán en las mesas que se ubicarán en esos lugares públicos, en la plaza pública. Es un ejercicio de Agora, es recoger el principio de la democracia sin ningún tipo de exclusión. Se hacen convocatorias abiertas que van a conocerse a través de los medios de información, a través de las redes sociales, y todo aquel que quiera participar asiste.”
En complemento, la hegemonía comunicacional o control de la información en Venezuela integra un sistema de medios administrado por el gobierno y financiado por entidades para-gubernamentales, según expone Raisa Urribarrí, co-fundadora del Capítulo de Panamá de Internet Society, en su documento Medios comunitarios: el reto de formar(se) para la inclusión. Expone igualmente Puyosa, en Venezuela: 21st Century Authoritarianism in the Digital Sphere, que existe el documento filtrado del Ministerio del Interior y Justicia, “Ejército de Trolls de la Revolución Bolivariana”, cuyo contenido en 14 páginas trata la estrategia del gobierno para enfrentar la guerra mediática y explica que la base de operaciones del Ejército Digital debe ser dividida en cinco escuadrones: pro-gobierno (“hablaran solo temas a favor del proceso y se dividen en dos grupos”), opositores (“hablaran solo temas en contra del proceso y se dividen en dos grupos”), neutros (“hablaran solo temas no politicos”), distracción (“hablaran solo temas deportivos, sexo, eventos publicos”) y fake news (“iniciadores de falsos positivos”). Estas cibertropas empleadas del gobierno aparentemente tienen vínculos con agencias de la administración pública −incluidos los ministros de educación, salud, alimentación, cultura, turismo y vivienda− siendo su trabajo principal twittear para suplicar lealtad al régimen. Según el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS Venezuela) desde junio de 2014 la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) estableció como práctica rutinaria el bloqueo de páginas web que publican los tipos de cambio. Otras voces afirman que desde 2017 crecientes medios digitales han sido bloqueados, que en 2019 el gobierno bloqueó casi por completo Wikipedia, que en el último año se han ejecutado interferencias técnicas muy sofisticadas como suplantación de DNS en sitios web de la oposición.
El tercer control digital es la privacidad y la vigilancia masiva, siendo relevantes para un proceso de paz sostenido porque mediadores, líderes clave o personas influyentes pueden identificarse y rastrearse en dispositivos digitales. China y Venezuela, como muestra de gobiernos que experimentan la vigilancia masiva, utilizan marcadores de identidad biométricos, programas de reconocimiento facial entre otros controles. Con la pandemia Covid-19 se aumentó la precisión de algunos de ellos para identificar a las personas con mascarillas.
La técnica Doxxing −el acto de revelar intencional y públicamente información personal sobre un individuo u organización, generalmente a través de Internet− generaliza las violaciones a la privacidad de las personas para que se auto-censuren en los medios sociales bajo el temor de repercusiones posibles. Así lo estudiaron en 2020, Ekaterina Zhuravskaya, Maria Petrova y Ruben Enikolopov, en el documento Political Effects of the Internet and Social Media. El doxxing de información sobre mediadores o partes interesadas en el conflicto podría ser más peligroso tanto para las personas involucradas como para un proceso de negociación al motivar el seguimiento digital, organizar los ataques físicos o simplemente legislar.
Según los académicos de la Universidad Iberoamericana de México, Manuel Guerrero y Mireya Márquez-Ramírez, existen “reglamentos que limitan el acceso a la información y a la libertad de prensa y recuerdan a los periodistas que puede haber costos muy altos por su expresión que promueva la auto-censura.”
Ejemplo de este tipo de legislación es la Ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos decretada por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, y sus reformas, publicadas en la Gaceta Oficial número 39.610, del lunes 7 de febrero de 2011. El artículo 3 de objetivos generales garantiza “el respeto a la libertad de expresión e información, sin censura, dentro de los límites propios de un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia y con las responsabilidades que acarrea el ejercicio de dicha libertad, conforme con la Constitución de la República, los tratados internacionales ratificados por la República Bolivariana de Venezuela en materia de derechos humanos y la ley … y promueve el efectivo ejercicio y respeto de los derechos humanos, en particular, los que conciernen a la protección del honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación y al acceso a una información oportuna, veraz e imparcial, sin censura”. Además, el artículo 27 sobre Prohibiciones de los servicios de radio, televisión y medios electrónicos, no permite “la difusión de los mensajes que ... inciten o promuevan el odio y la intolerancia por razones religiosas, políticas, por diferencia de género, por racismo o xenofobia” y el artículo 29 sobre Suspensión y revocatoria si … “inciten o promuevan el odio o la intolerancia por razones religiosas, políticas, por diferencia de género, por racismo o xenofobia.”
Por último pero no el control digital más desechado es el enfrentamiento cognitivo librado que consiste en reafirmar o retar el statu quo social a través de la remediación con base en el rol de los editores de noticias en los medios heredados o en la aparente democratización de contenidos digitales de los usuarios de medios sociales. Su componente inseguridad epistémica proviene de actores políticos y de agentes mailciosos mediante estrategias de distracción con las que inundan de noticias las plataformas digitales con interés personal.
El propósito es confundir y distraer al público involucrado en el discurso político. Cotejando lo anunciado por el Alto Comisionado para la Paz de Colombia en aquella entrevista de TV ya citada se encontró el caso de inconsistencias de conceptos, a saber: “¿Qué funcionarios asisten a cada encuentro regional? En la medida de lo posible estará el Presidente. Son 50 encuentros antes de noviembre en espacios de dos días y medio, con una metodología participativa, donde los ciudadanos indistintamente, sin ningún tipo de exclusión, participarán a través de una metodología que posibilitará que sus necesidades, que sus derechos insatisfechos, puedan ser expresados y sean parte de ese plan nacional de desarrollo.” Con base en el portal Web, sección Cronograma, se han realizado 43 diálogos vinculantes estando la Inscripción en dos de ellos aplazada, en dos pendientes y en cuatro abierta, cuya agenda se extendería hasta el sábado 3 de Diciembre con el diálogo 47.
Dado que los actores políticos pueden difundir información falsa o engañosa para modificar las creencias políticas o los comportamientos, la OTAN sugiere que la “guerra cognitiva”, basada en medios sociales, socava las capacidades humanas para el pensamiento crítico y la administración pública. Una segunda intención es provocar la sensación de caos e incertidumbre, ya que los actores políticos contribuyen a la inseguridad epistémica para que el público no pueda discernir qué creer o cómo comportarse. Dos ejemplos de la reiterada confianza fallida del proceso de paz con el ELN y el Estado de Colombia la expresan Carlos Velandia, alías Felipe Torres, del ELN, el 21 noviembre 2022, cuando respondía por TV a la pregunta “¿Es usted optimista cuando hoy lunes 21 de noviembre en Caracas volvieron a abrir el proceso? Soy optimista con racionalidad, fundado en información y estudios de paz y de conflictos. Primero, porque el país ya no aguanta; en segundo lugar, porque el proceso de paz con las FARC puso en la cola, en el tramo final del conflicto, lo que queda de violencia y lo que queda de conflicto. Y en tercer lugar, porque tenemos un cambio político en el país que ha sido dramático. Hoy estamos siendo gobernados por un partido, un movimiento de izquierda, con planteamientos de paz, de cambio, que también el ELN buscaba este tipo de escenarios. Con este gobierno de izquierda habrá mejores condiciones para un entendimiento y buscar el mejor arreglo posible. No significa que el Estado va a declinar sus posiciones o soberanía o la contextura del Estado que somos. Pero si va a hacer mucho más posible el trámite dialéctico y sobre todo la posibilidad de llegar a acuerdos.”
Y el segundo exponente es la respuesta del Jefe de la delegación negociadora del ELN, Israel Ramirez Pineda, alías Pablo Beltrán, al hablar en TV de los retos para alcanzar la paz total, el 23 noviembre 2022: “¿Por qué en esta oportunidad los colombianos deben ser crédulos frente a esa iniciativa de reconciliación con el ELN? El país pasa por un cuarto de hora en que hay una exigencia en las calles para que haya cambios, entre ellos, que haya paz. Parte de esa exigencia la recoge el gobierno y desde el 7 de agosto el Presidente dijo que iba a trabajar por una paz verdadera y definitiva. Lo que quiere decir que nosotros tenemos un interlocutor que lo ha dicho públicamente, ha hecho de la paz una parte de su programa de gobierno. Quiere decir que es una gran oportunidad. En cuanto a nosotros, acabamos de hacer una consulta con todos los frentes nuestros, durante mes y medio, y hay un consenso total que debemos proseguir en la búsqueda de una solución política al conflicto y por eso estamos aquí en Caracas y por eso reanudamos la mesa.”
Todos los tres archivos de las entrevistas de TV citadas se encuentran almacenados en el canal NotiCentro CM& de Youtube.
