Mentes cerradas ahogarían la libertad académica y el debate intelectual

Una investigación a docentes de Ciencia Política en países prósperos postindustriales reveló esta tripleta:  una generalizada inclinación de la ideología izquierda liberal que estaría aislando a los conservadores, una experiencia en los campus universitarios de empeoramiento a tolerar el debate abierto académico pluralista y una carencia de respecto por el sólido debate intelectual

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Se observa un consenso amplio entre los académicos de la disciplina ciencias políticas de Estados Unidos y de sociedades occidentales potentadas, sobre el deterioro de la libertad académica para enseñar e investigar. Ese escenario reflejaría la transformación estructural, tanto en educación superior como en la variación ideológica.

Así concluye la profesora de política comparada en Harvard durante tres décadas, Pipa Norris, en su documento de trabajo con docentes de ciencia política acerca de la 'cultura de la cancelación' en los campus universitarios.

La encuesta global “World of Political Science (WPS), 2019” obtuvo 1.245 respuestas recopiladas de profesores, quienes estudian o trabajan en 23 sociedades postindustriales. Como condición mediadora se efectuaron comparaciones por cohortes de nacimiento, por género y sondeos transnacionales en Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Italia, Nigeria, Países Bajos, Reino Unido, Rusia y Suiza.

La medición recopiló información entre el 3 de febrero hasta el 7 de abril de 2019, mediante un cuestionario en línea de Qualtrics sobre múltiples dimensiones de la vida y el trabajo profesional, incluidas peculiaridades sociales, prioridades del rol, orígenes nacionales, calificaciones, habilidades metodológicas y el subcampo temático de especialización. Incluso 22 ítems monitorearon la experiencia directa acerca de los cambios en la profesión durante los últimos cinco años y, otros tres aspectos de la vida académica se usaron para saber si habían mejorado, no habían cambiado o habían empeorado. Estos fueron: el respeto por el debate abierto desde diversas perspectivas, las presiones para ser 'políticamente correcto' y la libertad académica para enseñar e investigar.

Se preguntó a los encuestados: “A menudo se piensa que la vida académica está en estado de cambio. Utilizando la escala de 1 a 5, basada en su experiencia, indique si cree que la calidad de los aspectos de la vida académica ha cambiado en los últimos cinco años”. Dichos aspectos se enumeran en la sección resultados, más adelante.

La descomposición de la investigación sugiere varias proposiciones argumentales abiertas que surgen de la tesis de la cultura de la cancelación y describe las fuentes de evidencia. Validadas ante la prueba empírica de las encuestas al profesorado, se examinan afirmaciones del tipo: una ortodoxia progresista ha condenado a los contrarios al ostracismo, la libertad académica se ha limitado, el conformismo se ha fortalecido y el sólido debate intelectual se ha arrinconado.

Con base en los datos, se deduce que la experiencia personal de la cultura de la cancelación empeora y varía entre los académicos de ciencias políticas, según sean sus identidades ideológicas de izquierda-derecha, su cohorte de nacimiento generacional y su género, y el tipo de sociedad en desarrollo en la que viven, estudian y trabajan. Se han manifestado dos premisas, al respecto.

La primera tesis de la cultura de la cancelación se refiere a las identidades ideológicas de los politólogos a través de afirmaciones sobre sus valores y sus creencias predominantes en las culturas universitarias. Quiere decir que hay una idea enquistada entre el profesorado acerca de la hegemonía liberal que silencia las voces conservadoras. En efecto, la encuesta pionera representativa de 1958 de Paul Lazarsfeld, a gran escala con científicos sociales estadounidenses, demostró que los académicos tendían a ser más comprensivos con los valores liberales o de izquierda que la población general.

La radical y acalorada política universitaria de las décadas 1960 y principios de 1970 desencadenó más investigaciones sobre creencias y valores políticos en los profesores universitarios. Alrededor del 46% de los científicos sociales encuestados en 1976 se identificaron como de izquierda o liberales, el 28% como conservadores y el 26% como moderados. Este patrón no se limitó únicamente a los campus estadounidenses, pues ya había sesgos similares en Reino Unido en 1971.

En 2007 aquella evidencia se actualizó con otra encuesta a gran escala con profesorado estadounidense, “The social and political views of american professors”, demostrando que ─a pesar que muchos tenían opiniones moderadas de centro─ los conservadores y los republicanos siguen siendo relativamente raros entre los profesores de las universidades norteamericanas, especialmente en ciencias sociales. Más reciente, en 2016 se revisaron cinco importantes encuestas con académicos estadounidenses, realizadas desde 2000, y concluyeron que el porcentaje de conservadores auto-identificados oscilaba entre 5% y 15% en ciencias sociales y entre 4% y 8% en humanidades.

En Europa el análisis de datos agrupados de la Encuesta Social Europea 2019, “Are universities left-wing bastions? The political orientation of professors, professionals, and managers in Europe”, sugiere que los profesores de 31 países de la unión suelen ser más liberales y de tendencia izquierdista que otras profesiones equivalentes como abogados, arquitectos y médicos. Otro contraste evidencia que los valores y las actitudes políticas de los académicos frente a la redistribución económica y la integración en la Unión Europea están lejos de ser homogéneos.

En síntesis, el conjunto de estudios de la sociología de la academia desde finales de 1950 ha observado la generalizada inclinación de la izquierda liberal, al menos en las sociedades postindustriales. Se puede esperar que esto se perciba igual en la disciplina de ciencia política.

La premisa dos relacionada con la experiencia del empeoramiento de las libertades académicas manifiesta también el sesgo progresista en el campus, aun cuando no implica necesariamente intolerancia por el debate pluralista o que las opiniones contrarias no sean bienvenidas o que las ideas sean silenciadas. El análisis más fuerte ante la tesis de la cultura de la cancelación concierne a si se piensa que aquella práctica de conducta se ha deteriorado.

Asumiendo importantes limitaciones relacionadas con las insuficientes encuestas empíricas, la mayoría del profesorado liberal en los dos contextos geográficos delimitados puede acertadamente no ser consciente de cualquier sesgo hegemónico. Aún si lo reconociera, le resta importancia como problema grave. En antinomia, también se puede esperar que la minoría de académicos conservadores este más propensa a expresar preocupación por el deterioro de las libertades si tiene experiencia directa de la cultura de la cancelación. Podría, este grupo, estar más de acuerdo con las crecientes restricciones a la libertad de expresión académica, las presiones para la conformidad ideológica y la imposición de un discurso políticamente correcto.

En consecuencia, se reportan equivalencias entre Estados Unidos y el mundo próspero al comparar las experiencias del cambio de las condiciones de mejora o decadencia entre académicos auto-identificados como conservadores y liberales en ciencias políticas.

Resultados

Las invitaciones a los politólogos para participar de la encuesta de 2019 se distribuyeron a través de las redes sociales Facebook, Twitter y correos electrónicos; mediante la lista del boletín informativo del European Consortium for Political Research (ECPR) que agrupa doce universidades europeas; por las listas de la International Political Science Association (IPSA) ─fundada en París en 1949 bajo la égida de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)─ y a través de asociaciones varias nacionales como Canadian Political Science Association (CPSA), Political Studies Association (PSA) de Reino Unido y Australia, y Rusia.

A grandes rasgos, los tres items acerca del respeto por el debate abierto, las presiones para ser políticamente correcto y la libertad académica para enseñar e investigar son indicadores válidos desde la experiencia sobre diversas afirmaciones de las tesis de la cultura de la cancelación, incluyendo que los campus universitarios han visto empeorar la tolerancia al debate pluralista y a los puntos de vista opuestos, existen presiones crecientes para ajustarse a las prevalecientes normas sociales (progresistas o liberales) y a formas de expresión en la educación superior. Adicional, hay percepción de estar reducidas la libertad y la autonomía académicas para que los académicos individuales persigan sus intereses a través de la enseñanza y la investigación.

Politólogos a la izquierda

La pregunta “En términos generales, ¿cómo se describiría usted habitualmente ante la ideología?” recogió 1.733 respuestas de politólogos en el mundo y 221 en EE.UU. Fue inicialmente diseñada en el cuestionario en una escala móvil (0 a 10), desde el más izquierdista (0) hasta el más derechista (10) pero para el análisis posterior, esa escala se simplificó en izquierda (0-5) y derecha (6-10). La distribución de datos mostró curvas normales con un sesgo positivo a la izquierda, de 0.495 en el mundo y de 0.737 en EE.UU. Ese enfoque seguiría mostrando la tendencia hegemónica de 1958.

La puntuación media de los encuestados en todo el mundo fue de 4,53 en la escala de 0 a 10. En total, la mayoría de los politólogos (58%) de todo el mundo se considera ubicados a la izquierda moderada del espectro ideológico, mientras que otro 14% se posicionó en la "extrema izquierda". Poco más de una cuarta parte (26%) de los politólogos de todo el mundo se posicionó como de derecha moderada, aunque al mismo tiempo menos del 2% se consideraba de "extrema derecha".

Por su parte, la media estadounidense fue de 3,16 en la escala de 0 a 10. Siendo dos tercios de los politólogos estadounidenses (65%) auto-considerados de izquierda moderada, un pequeño grupo adicional (15%) se consideraba de extrema izquierda. En cambio, en general una quinta parte (20%) se consideraba de derecha moderada y casi ningún encuestado se consideraba de “extrema derecha”.

Para la profesora Norris, la falta de diversidad intelectual en la cultura académica puede ser problemática dentro de la disciplina ciencia política, especialmente en áreas controvertidas como la política de raza, género, poder y desigualdad. El enfoque, por tanto limita perspectivas alternativas para cuestionar los valores normativos prevalecientes y las teorías empíricas integradas en la agenda dominante de la investigación.

Respeto al debate abierto y a la libertad académica

La distribución de las evaluaciones con base en la experiencia del respeto al debate abierto desde diversas perspectivas en la vida académica, indagó si aquella vivencia ha cambiado para mejor o para peor durante los cinco años anteriores. En general, se muestra una curva de Media igual a 3,16 (en la escala 1 a 5: mejoro mucho, mejoro poco, no cambio, empeoro mucho, empeoro poco).

Si se desglosa por la medida dicotómica de la identidad ideológica de izquierda-derecha, se observan algunas diferencias modestas. Los profesores de izquierda (36%) son más propensos a sentir que la calidad del debate sigue igual en los últimos años según su experiencia. Por el contrario, los profesores de derechas (15%) son ligeramente más proclives a creer que el debate abierto ha empeorado mucho con el tiempo.

La pregunta sobre libertad académica proporciona un indicador importante sobre la calidad de la vida intelectual y de los sentimientos de autonomía en la profesión docente e investigadores. La pluralidad más grande (49%) a la izquierda ideológica pensó que desde su experiencia, la libertad académica se había deteriorado “algo/mucho”. Otro tercio (35%) no informó cambios, mientras que una quinta parte (17%) respondió que la libertad había mejorado “algo/mucho”. Sin embargo, los profesores de derecha (39%) pensaban que la libertad académica se había deteriorado “algo/mucho”, y (36%) daba por hecho que había mejorado “algo/mucho”.

Presiones para ser políticamente correcto

Se preguntó a los docentes acerca de ¿cómo han cambiado las percepciones de las presiones para ser “políticamente correcto” en la vida académica, durante los últimos años? El concepto se refiere a la conformidad con las normas sociales predominantes, una forma de autocensura de palabras y acciones auténticas diseñadas para encajar y evitar el oprobio.

Este tema evidencia preocupación más clara y compartida por ambos lados del espectro ideológico. De nuevo, la pluralidad de encuestados auto-identificados a la izquierda (42%) informó que, en su propia experiencia, no notaba cambios con el tiempo.

No obstante, 45% de ellos y 60% de la derecha informó que estas presiones habían empeorado “algo/mucho” con base en su experiencia. Estas percepciones superaron la proporción en general que sentían más positivamente que estas presiones habían mejorado “algo/mucho” (14% y 19% en su orden, según la ideología).

Comparaciones transnacionales

Al comparar los diez países diversos citados al inicio de este contenido, con un mínimo de al menos 70 encuestados, se muestran experiencias notablemente similares especialmente en las democracias angloamericanas que comparten tradiciones históricas y semejantes sistemas de educación superior.

El patrón clasificado de académicos de derecha de ciencias políticas que reporta peores experiencias de la cultura de la cancelación es Canadá, Australia, EE.UU., Reino Unido, Países Bajos, Rusia, Alemania, Italia y Suecia, en menor medida. La excepción es Nigeria, donde no hay diferencias significativas entre izquierda y derecha.

Así mismo, en todos esos países excepto Nigeria, las respuestas a la pregunta sobre la experiencia de presiones para ser políticamente correcto muestran una distribución similar, con mayores experiencias de este tipo reportadas por académicos auto-identificados de derecha.

Conclusión

Pipa Norris expresa que existen genuinos motivos de preocupación frente a la evolución de la cultura de la cancelación, que parten de la crítica legítima a palabras y a hechos socialmente ofensivos hasta convertirse en erosión a la tolerancia de la disidencia, sofocación a la libertad de expresión e imposición de una tendencia progresiva de ortodoxia de izquierda entre administradores, profesores y estudiantes.

Los datos de la encuesta WPS confirmaron el sesgo de docentes de izquierda en la disciplina de la ciencia política. Sin embargo, el nivel de desequilibrio entre izquierda y derecha no se debe exagerar por cuanto la mayoría de los académicos auto-describieron su posición ideológica en el espectro político como “moderadamente izquierdista”, en lugar de “extrema izquierda” y algo más de la cuarta parte de los politólogos de todo el mundo se identificó como “moderadamente derechista”.

La evidencia del estudio presentado configuró un Índice de Cultura de la Cancelación resumido, donde se reflejan variación de dirección según el tipo de sociedad en comparación y crecientes restricciones a la libertad de expresión académica con base en la experiencia, presiones para el conformismo ideológico y la aplicación de un discurso políticamente correcto. Los modelos comparables sugieren que en Estados Unidos y en 23 sociedades postindustriales, los politólogos auto-identificados de derecha eran más propensos a informar sobre una experiencia personal de empeoramiento de la cultura de la cancelación, y quienes se identifican como de izquierda en 78 sociedades en desarrollo informaron el mismo deterioro.

A pesar de la poca evidencia comparada, lo anterior podría atribuirse a factores tales como: el papel del desarrollo socioeconómico y la modernización, los patrones de la libertad de expresión, la democratización y el tipo de régimen en cada sociedad, la polarización del partidismo político, el rol de las remotas tradiciones culturales y los contrastes estructurales en las instituciones y en las políticas de la educación superior.

Otra explicación plausible puede estar soportada en el concepto clásico de la “espiral de silencio”, desarrollado hace casi cuatro décadas por Elisabeth Noelle-Neumann, según el cual por miedo al aislamiento social o a la pérdida de estatus, las personas no expresan sus opiniones auténticas para evitar contrariar a las normas sociales predominantes. En verdad, valdría la pena fusionar esta teoría con la Cultural Backlash: retóricas populistas autoritarias que han alterado la política en muchas sociedades, como Donald Trump en Estados Unidos y el Brexit en Reino Unido que han socavado la confianza pública de la legitimidad de la democracia liberal.

Datos de encuestas transnacionales y de series temporales, incluidas las Encuestas de Valores Europeas y Mundiales, demuestran que los valores socialmente conservadores suelen seguir prevaleciendo como opinión mayoritaria en muchos países en desarrollo. Se incluyen actitudes, creencias y valores sobre cuestiones sociales como la división de los roles sexuales entre mujeres y hombres, las identidades de género no binarias, la homosexualidad y los derechos LGBTQ, las opiniones tradicionales sobre la sexualidad, la familia y el matrimonio, la importancia de la religión y los sentimientos de nacionalismo y nativismo.

En contraste, el equilibrio en la opinión pública ha ido cambiando gradualmente en dirección más liberal y progresista hasta convertirse en la opinión mayoritaria en muchas sociedades postindustriales ricas de Europa Occidental y de América del Norte. Tales cuestiones presionantes del cambio han sido los derechos LGBTQ, la secularización, la igualdad de género, la diversidad étnica y la inclusión racial. Esta alteración ha alcanzado a los grupos de vanguardia como la generación más joven de estudiantes y las poblaciones de profesores con educación universitaria.

Procesos bien documentados del cambio cultural generacional a largo plazo en muchas sociedades occidentales significan que la proporción de quienes sostienen valores tradicionales socialmente conservadores han experimentado un punto de inflexión en las últimas décadas, a medida que el grupo pasa del estatus hegemónico a uno minoritario en los campus universitarios y en la sociedad. En últimas, está aumentando la polarización ideológica y partidista.

Por último, con base en indicadores desglosados del índice compuesto, resaltan algunos contrastes observables importantes: dado el predominio del liberalismo progresista en los campus universitarios, los profesores de izquierda pueden simplemente no ser conscientes de la experiencia de sus colegas más conservadores y negar por tanto el problema. Otro tanto dejaría ver que la intensa polarización sobre cuestiones de identidad política los hace poco comprensivos con esas afirmaciones. Entre los académicos de ciencias políticas, puntualmente se observa un consenso más amplio sobre el deterioro de la libertad académica para enseñar e investigar, lo que puede reflejar modificaciones estructurales más amplias tanto en la educación superior como en los cambios ideológicos.

Auto-críticas a este estudio WPS consisten en que la encuesta está restringida a la disciplina ciencia política por lo que no se pueden observar generalizaciones similares en disciplinas como sociología, economía, psicología social; en humanidades y ciencias naturales.

Además, cierra la pregunta a los académicos sobre su identidad ideológica y su experiencia directa frente a los cambios en la profesión. Esa practica prolongada es inseparable de la práctica de las percepciones a la academia pues aquellas per se son importantes para la construcción social de la realidad.

En consecuencia, sería útil realizar otras mediciones para explorar experiencias más profundas como por ejemplo, si los politólogos conservadores sintieron que no habían sido designados o promovidos debido a sus opiniones políticas, si habían participado en la organización de eventos públicos que luego se cancelaron o si alguna vez se sintieron incómodos al hablar en reuniones de la facultad o en el aula debido a sus valores.

Percepciones y Usos de Internet

Opiniones y comportamientos generales de los colombianos comparativos mediante los cambios en las mediciones desde 2017

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La encuesta ciudadana elaborada por el Centro Nacional de Consultoría a pedido del contrato de la empresa .CO Internet SAS deja por lo menos cuatro conclusiones ante las versiones anteriores desde 2017: mayor aprendizaje de información digital en los consumidores, moderados ascensos en las acciones digitales contra la pareja y los hijos, leves descensos en la intromisión de los padres a las cuentas on line de sus hijos y en la sensación de seguridad y desplazamiento de las web page por las redes sociales para el comercio.

El cuestionario digital contestado por 1040 hombres y mujeres entre 18 a 60 años de edad, durante el 13 de diciembre de 2022 al 2 de enero de 2023, evidencia que el uso de internet en Colombia tiene por objetivo buscar amigos o pareja (5,8%) −en el último lustro se mantuvo relativamente igual a 6,3%−, buscar empleo (4,6%) y comprar en línea (4,3%) -ambos desde 2017 venían a la baja quedando en 4,5%−.

Los encuestados siguen considerando que la Red es un derecho (96%) pero con un ligero decrecimiento de ser libre sin restricciones: el si redujo de 60% a 53% mientras que el no aumentó de 38% a 43% en el último año.

Comercio en línea

Al respecto, la encuesta evidencia incremento de compras, favorabilidad de otras herramientas distintas a las páginas web y fortalecimiento de las percepciones en la seguridad personal. En efecto, 92% hizo compras online en el último año lo que mantiene la tendencia al alza del lustro y aumenta las transacciones por género (compran más los hombres), por edad (hay más compradores entre las poblaciones de 18 a 31 años de edad y entre 46 a 60 años) y por estrato social (los que más adquiere son el 1, 2, 5 y 6).

También se prueba otra tendencia en la herramienta preferida para compras. Ahora las aplicaciones desde celular han aumentado (78%) en comparación a la medición del año anterior (56%) pero en ventas, el canal más efectivo siguen siendo las redes sociales que se mantienen en 58%.

De otro lado, la idealización de seguridad durante la operación de compras cayó de 75% al 67% entre las dos últimas mediciones mientras que se incrementó la percepción que por la web page se estafa (78%), se roba la identidad (74%) y se suplantan perfiles (63%). De ahí que se prefieran las Apps.

En cuanto a emprendimientos, el sondeo del último año presenta incremento en los activos digitales de la empresa para promoción en redes sociales (83% ante 80%, en la encuesta de diciembre 2021 a enero 2022) y cambian las barreras que impiden el negocio en línea. Ya no carencia de recursos económicos (50% en la última encuesta) sino ausencia de la actividad económica ingresada a lo virtual que ascendió de 42% a 57% en el mismo lapso.

Protección a menores

A pesar del reducido descenso del fisgoneo de los padres ante sus hijos cuando están activos en línea, aquellos han venido entendiendo dos estrategias de protección a los hijos, al menos: configurar controles parentales (en ascenso: de 53% a 55% el último año) y dejar de revisar el historial en internet (de 65% descendió a 54% durante el lustro 2017 a 2022).

Los padres con hijos consideran que la edad mínima de acceso para su crío debe estar entre 14 a 17 años de edad (hay repunte de 48% a 51% entre las dos últimas mediciones) para acceder libre a internet y para ingresar solos a redes sociales, también con un sutil incremento (de 59% a 61% en el lapso citado).

Lo que se conserva al alza es el acoso o la ofensa en línea (de 8% alcanzó 11% en el último año). Sin embargo, viene cayendo la creencia que con la intromisión a las cuentas del hijo se le protege (de 92% se sitúo en 88% en la última medición) lo mismo sucede con la revisión de los contactos, de los mensajes en redes y de los correos electrónicos del hijo: de 74% decreció a 71% en la encuesta anterior.

Comportamientos seguros

En la actualidad, los consumidores encuestados se sienten algo menos seguros (55%) que el año anterior (58% y en ascenso desde 2017) al usar internet. Otras cifras indican que: se ha reducido la población que escribe y guarda contraseñas (de 58% y en ascenso desde 2017 pasó a 55%) e igual conducta muestra el acceso a las cuentas compartidas con la pareja (de 36% y en ascenso desde 2017 pasó a 29%).

El punto del impacto de las tecnologías en las relaciones de pareja, calificadas como “complican” el compromiso, se ha incrementado de 46% (venían cayendo desde 2017) a 52%. Así mismo han subido las acciones cometidas en línea contra la pareja, de 39% y en ascenso desde 2017 cerraron en 41% en la encuesta del 2022. Y así mismo asciende el acceso a web pages o Apps para conocer personas, de 47% en descenso para el lustro terminaron en 49%.

Las sociedades modernas se sostienen con infraestructura digital

Habrá nuevo contrato institucional de asociación y construcción de elementos convergentes para el flujo global de datos libres con confianza

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El propósito de la reunión de los Ministros de Digitalización y Tecnología del G7 fue “abordar los retos actuales y futuros de la sociedad digital” considerando el interés de poner en funcionamiento el marco Data Free Flow with Trust (DFFT) en sectores como salud, pandemias, cambio climático, movilidad y diversos usos del Internet de las Cosas (IoT). El evento se realizó en Takasaki (distante 105 kilómetros al noroeste de Tokio), entre abril 29 y 30 de este año.

Tanto digitalización como infraestructura digital sustentan a las sociedades modernas y las ayudan a generar crecimiento económico inclusivo, según los funcionarios y sus invitados. Es un bucle que maximiza los beneficios de las tecnologías digitales, incluidas las emergentes y la Inteligencia Artificial (IA). Los datos se convierten entonces en “facilitadores del crecimiento económico, desarrollo y bienestar social” por lo que se requiere promover debates relacionados con políticas internacionales para aprovechar el potencial de los flujos de datos libres transfronterizos con confianza.

Previo al análisis a seis puntos clave del sector de la informática global, que describo más adelante con detalle, la burocracia mundial otra vez condena “en los términos más enérgicos, la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania” por la inaceptable violación del derecho internacional, no los muertos. Solicitaron a Rusia “retirar todas las fuerzas y equipos de Ucrania de forma inmediata e incondicional” y reafirmaron seguir reconociendo el “impacto negativo de la guerra de Rusia contra Ucrania en la infraestructura digital y en la desinformación”.

Con base en la Declaración de la Cumbre por la Democracia, el G7 reiteró los principios democráticos que incluyen igualdad, inclusión, sostenibilidad, transparencia, responsabilidad, diversidad, respeto y privacidad por los derechos humanos frente a las formas en que las tecnologías “se diseñan, desarrollan, mantienen, rigen, adquieren, financian, venden y utilizan”. Tecnologías nuevas y emergentes como la Inteligencia Artificial, las biotecnologías y las tecnologías cuánticas. De manera que el grupo ministerial insiste en la necesidad de la responsabilidad de las empresas de tecnología y en la protección contra los abusos de los derechos humanos.

“Se debe generar confianza y materializarse a través de varios marcos legales y voluntarios, directrices, estándares, tecnologías y otros medios transparentes que protejan los datos”, exclaman en el comunicado Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. El análisis de los siete ministros explica que con la rápida expansión de la digitalización urge abordar las brechas digitales nacionales e internacionales, incluida la de género.

Puntos de la declaración ministerial

Los ministros reunidos lograron consenso en relación con: nuevo contrato institucional de asociación y construcción de elementos convergentes, fortalecimiento de la conectividad global en todos los países del mundo con avances y diversificación, defensa de la infraestructura técnica esencial para proteger a las instituciones y a los valores democráticos de amenazas extranjeras, capitalización en los beneficios de las tecnologías emergentes que incluyan sistemas ciberfísicos e IoT, centralidad en el ser humano de políticas emergentes y estándares técnicos con base en los derechos humanos que incluyan libertades fundamentales y protección de la privacidad y de los datos personales, y cooperación de los encargados de hacer cumplir la ley y de los encargados de formular políticas puesto que los mercados digitales son dinámicos y globales. Resumo punto a punto lo concertado.

1- Facilitación de flujos de datos transfronterizos y flujos de datos libres con confianza (DFFT): se requieren por lo menos cuatro acciones con base en la Declaración de líderes del G20 (Osaka, 2019), la Hoja de ruta del G7 (Reino Unido, 2021) y el Plan de acción del G7 (Alemania, 2022) orientadas al DFFT, la Declaración de la OCDE sobre el acceso de los gobiernos a los datos personales gestionados por entidades privadas y el Acuerdo Institucional para la Asociación (IAP) que reúne a gobiernos y a partes interesadas para operativizar el DFFT.

En concreto: crear un nuevo arreglo institucional para la asociación y la construcción de puntos en común, complementariedades y elementos de convergencia entre los enfoques e instrumentos regulatorios existentes para fomentar la interoperabilidad futura. La asociación se obtendría a través de la cooperación, en lo regulatorio y en lo tecnológico, que aproveche las oportunidades del intercambio transfronterizo de flujos de datos y aborde los desafíos con respecto a la seguridad, la protección de la privacidad, la de datos y la de los derechos de propiedad intelectual.

El punto en común se establecería aumentando la confianza en todo el ecosistema digital y contrarrestando la influencia de las perspectivas autoritarias mediante la cooperación basada en principios, orientada a soluciones, apoyada en evidencias, con múltiples partes interesadas e intersectorial.

2- Infraestructura digital segura y resiliente: son bases clave para una economía vibrante con alto potencial de crecimiento y creación de empleo y para una sociedad abierta y democrática. La rápida digitalización de toda la sociedad conduce a mayor demanda de los niveles de seguridad y adaptabilidad, mayores velocidades, mayor capacidad, menor consumo de energía, menor latencia, conectividad ubicua, etc.

Fortalecer la conectividad global en todos los países del mundo implica avanzar pero también diversificar, con los proveedores, las cadenas de suministro de la infraestructura digital, las telecomunicaciones y las TIC seguras, resistentes, competitivas, transparentes, sostenibles y diversas, conforme la Declaración Ministerial Digital y de Tecnología de 2021. En este sentido habrá que seguir discutiendo las tendencias del mercado hacia puntos de vista abiertos e interoperables, arquitecturas seguras, resistentes y establecidas de una manera tecnológica neutral.

Con las variadas redes de múltiples capas −que consisten en redes terrestres, no terrestres y de cable submarino− los continentes separados por los océanos no solo podrán estar conectados sino además ampliar su infraestructura digital segura y resiliente a socios afines, con mayor concienciación sobre seguridad de la red, protección de datos, resistencia de la nube y desarrollo de capacidades. Se pretende que la comunicación internacional garantice rutas seguras e infraestructuras robustas, siendo esta la visión de red de próxima generación que supere el 5G/6G mediante la mejora de la cooperación en investigación, desarrollo y establecimiento de estándares internacionales.

3- Gobernanza de Internet: este punto se apoya en el Foro de Gobernanza de Internet (IGF) de Naciones Unidas que promueve el encuadre inclusivo de múltiples partes interesadas y en la Declaración para el Futuro de Internet (DFI) de expandir la Red dentro de los países que acogen los valores democráticos. La meta es proteger y promocionar una Internet abierta, libre, global, interoperable, confiable y segura sin ninguna intención y acción hacia la fragmentación.

El compromiso de los siete ministros es hacer visible y afrontar las tácticas del autoritarismo digital, los cierres de Internet, las restricciones de red y la vigilancia digital masiva que violan el derecho internacional impuesto por gobiernos. Con la defensa de la infraestructura técnica esencial se protegen las instituciones y los valores democráticos de amenazas extranjeras incluidas manipulación, interferencia de información, desinformación y otras formas de actividad maligna que buscan socavar la democracia y los ideales de las sociedades abiertas.

Consideran que siendo las empresas las que operan la infraestructura, habrá que asignar recursos adecuados para que reflejen la diversidad de idiomas y culturas cuando se trata de contrarrestar la manipulación e interferencia intencional de la información en línea y, trabajar en conjunto, con todas las partes interesadas, para contribuir al Pacto Mundial Digital (GDC) de Naciones Unidas, con miras a promover un tratamiento basado en derechos humanos y sensible al género.

4- Tecnologías emergentes y disruptivas en la sociedad y la economía innovadoras: como punto de partida, los ministros aceptan que tanto la innovación digital acelerada por las tecnologías emergentes como los modelos innovadores de gobernanza desbloquean el crecimiento económico inclusivo y sirven al bienestar de las personas en una sociedad sostenible, al desarrollar habilidades cibernéticas y digitales en todas las áreas de la economía. Sin embargo, hay que garantizar la capitalización de los beneficios de las tecnologías emergentes, incluida la integración de sistemas ciberfísicos y sus componentes principales como Internet de las cosas (IoT).

Tal apuesta merece preparar debates sobre políticas para sistemas de identidad digital y otros medios. La finalidad es generar confianza y seguridad en el intercambio de datos, en los diseños del software y en general, en toda la cadena de valor global de productos y servicios. De modo que acelerarán las mejores prácticas así como apoyarán las discusiones del proyecto de recomendación de la OCDE sobre gobernanza de la identidad digital. Ya existe una aproximación política acerca de tecnologías compatibles para el intercambio de datos de manera confiable, producto de la Conferencia de Partes Interesadas del G7 sobre Tecnologías Digitales de Confianza, realizada el 29 de marzo de 2023. Dicha perspectiva incluye trazabilidad mejorada, control de los datos y verificación de los socios que comparten datos.

Algunos esfuerzos incluyen: i) mejorar la circularidad del hardware, la eficiencia energética en los centros de datos, las cadenas de suministro y la computación de próxima generación; ii) explorar en colaboración las oportunidades para aprovechar el ciclo de vida del desarrollo, implementación y uso de tecnologías digitales, incluidos el reciclaje y el derecho a reparar; iii) intercambiar las mejores prácticas y promover un ajuste del diseño sostenible en equipos y en productos digitales para reducir el consumo de recursos y aumentar el uso de elementos reciclados; iv) compartir información sobre uso, reutilización y eliminación de sustancias y compuestos peligrosos utilizados en la producción de IoT, semiconductores y otros equipos digitales y posibles medios de alternancia.

5- IA responsable y su gobernanza global: el tema se ha venido discutiendo desde 2016 mediante los Principios de IA y el Observatorio de Políticas de IA y la Red de Expertos de la OCDE, y en 2020 con el lanzamiento de la Asociación Global sobre Inteligencia Artificial (GPAI). Aún así los Principios de IA, que brindan orientación para una IA confiable y para garantizar un entorno abierto y propicio al desarrollo y despliegue de esa tecnología sustentada en derechos humanos y valores democráticos, presentan vacíos en asuntos de interoperabilidad global, entre políticas emergentes y desarrollo de estándares técnicos, generados por organizaciones internacionales privadas.

Los ministros quienes se oponen al mal uso y abuso de la IA para socavar los valores democráticos, suprimir la libertad de expresión y amenazar el disfrute de los derechos humanos, aprueban los marcos regulatorios y no regulatorios, los estándares técnicos y las técnicas de aseguramiento. Arguyen que con estos instrumentos se promueve la confiabilidad y se permite la evaluación a los sistemas de Inteligencia Artificial, a través de organizaciones internacionales con múltiples partes interesadas. Por tanto convocan la participación de pymes, empresas emergentes, academia y sociedad en general.

Al centralizar las políticas emergentes y los estándares técnicos en el ser humano, con base en los derechos humanos, se deben incluir las libertades fundamentales y la protección de la privacidad y de los datos personales, además del riesgo hacia el futuro. Es decir, la adaptación de los instrumentos promotores de confianza y evaluación debe considerar el contexto de dicha aplicación de una manera que sea sensible a las características técnicas e institucionales y a las implicaciones sociales, culturales, geográficas, sectoriales y éticas.

6- Competencia digital: requiere la cooperación de los encargados de hacer cumplir la ley y de los encargados de formular políticas al ser problema global pues los mercados digitales son dinámicos, involucran modelos comerciales novedosos, tienen impacto vital en la competencia e innovan en nuestras economías. Dicha cooperación se debe fortalecer aún más a partir del conocimiento acumulado y compartido por el G7.

Por lo tanto, sus miembros actualizarán el inventario de nuevas reglas y el compendio de perspectivas legales para mejorar la competencia de los mercados digitales en cada una de las jurisdicciones del G7 y para crear, en la reunión de otoño del 2023, un grupo de punto de contacto que facilite el intercambio de información y de experiencia.

Conversaciones bilaterales

Para fortalecer la cooperación con socios de ideas afines, aquellos funcionarios del Grupo 7 invitaron a Takasaki a representantes de India, Indonesia y Ucrania y de organizaciones internacionales como el Instituto de Investigación Económica (ERIA) de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las Naciones Unidas y el Banco Mundial.

En complemento, la información reservada giró en torno a las visitas de responsables de varias de las empresas punteras del sector como el vicepresidente de Políticas Públicas Globales de Amazon Web Services, Michael Punke, quien dijo que la Inteligencia Artificial es demasiado amplia y no debe tener ninguna regulación al respecto. El CEO de OpenAI, Sam Altman, la empresa desarrolladora del ChatGPT, quien dejó inferir que se enfocarán en más mercados en expansión por fuera del mundo de habla inglesa, como Japón. Por su parte, Microsoft, que financia el desarrollo del prototipo chatbot con IA, lo añadió a sus servicios como potencial competidor del motor de búsqueda de Google.

El Subsecretario del Ministerio de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá, Francis Bilodeau, apoya el establecimiento del marco internacional para la realización de DFFT a través de cooperación y colaboración. El Viceministro de Empresas y Negocios de Italia, Valentino Valentini, continuará y desarrollará las discusiones mediante la promoción de proyectos concretos acerca de la transferencia transfronteriza de datos. El Ministro Federal de Digitalización y Transporte de Alemania, Volker Wissing, confirmó la colaboración Japón-Alemania y la cooperación con el G20 en particular. El Subsecretario Parlamentario del Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología de Reino Unido, Paul Scully, constató el trabajo sobre el sistema de identificación que es el estado de la digitalización del gobierno y de la sociedad. Sin embargo, resalta que el Embajador Especial en Política Digital y Ciberespacio del Departamento de Estado de EE. UU., Nathaniel Fick, solo intercambió opiniones sobre la ruta futura, cómo proceder en relación con proyectos específicos y alcanzar otros efectos además del G7.

De regreso a casa

Una vez concluida la reunión de los siete ministros de Digitalización y Tecnología del Foro político intergubernamental, Geoffrey Hinton, de 75 años de edad y padrino pionero en el desarrollo de la IA, renunció a su trabajo en Google y advirtió sobre los peligros que plantean estas tecnologías. En respuestas a The New York Times exhortó lo difícil que es evitar que los malos actores usen la tecnología para cosas malas y previno sobre la “velocidad excesiva de los avances, que asustan”. Se mostró también de acuerdo con frenar los trabajos en IA hasta cuando se entienda bien si será posible controlar esa tecnología.

Hinton teme que a corto plazo internet se inunde de falsos textos, fotos y videos, y que los ciudadanos no seamos capaces de distinguir lo que es verdad, y en consecuencia desconfía de esta tecnología ya que reemplazará a muchos trabajadores. En el largo plazo, la tecnología IA será una amenaza para la humanidad, expresó. Su explicación se asienta en la idea que las cosas de la realidad se pueden volver más inteligentes que las personas, y el miedo es que algunas personas lo crean. El pánico es que “yo pensaba que esa circunstancia estaba muy lejos, pensaba que faltaban entre 30 y 50 años o incluso más, pero obvio, ya no pienso eso", añadió.

Otros reclamos recientes desde otras vertientes son similares, como por ejemplo el del magnate sudafricano Elon Musk, propietario de Twitter. El firmó la carta que solicita suspender el desarrollo de las tecnologías IA durante seis meses. La propia OpenAI prometió al gobierno de Italia que reforzará la transparencia ante el uso de datos personales tras el bloqueo al ChatGPT por violar la legislación.

La decisión de bloqueo emanada de la Autoridad para la Protección de los Datos Personales de Italia se sustentó en la ausencia de una nota informativa destinada a los usuarios notificando recoger datos personales pero, sobre todo, por la falta de una norma jurídica que justifique esa recogida y conservación masiva de datos. Todo se alinea a entrenar a los algoritmos que hacen funcionar la plataforma del ChatGPT.

A pesar de todo, Amnistía Internacional habría usado una herramienta de IA para promover en redes sociales su informe global de marzo sobre Derechos Humanos, según la nota de El Espectador “Amnistía Internacional es criticada por usar imágenes de inteligencia artificial”, de la edición web Redacción Mundo del 2 de mayo del 2023. La documentación incluyó fotos falsas de la protesta social en Colombia del 2021 que mostraban una mujer arropada con la bandera tricolor desordenado de Colombia (rojo, amarillo, azul), agentes de policía con rostros atemperados y deformados, con uniforme policial obsoleto, entre otras anomalías evidentes.

Amnistía Internacional eliminó esas alegorías “ya que no queremos que las críticas por el uso de imágenes generadas por IA distraigan la atención del mensaje central en apoyo a las víctimas y sus llamados a la justicia en Colombia”, expresaría Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de aquella organización de derechos humanos.

La declaración oficial del G7 puede descargarse del website https://g7digital-tech-2023.go.jp/en/index.html

Marco para una IA fiable

Un grupo de 52 expertos de alto nivel de la Comisión Europea ha interactuado con base en el compromiso regional de «Unida en la diversidad» para definir la fiabilidad de los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) centrados en las personas, maximizando los beneficios y minimizando sus riesgos

“… la definición es una relación entre el sistema y el entorno”. Niklas Luhmann

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Agentes protagonistas de trabajos de desarrollo para el entorno de la informática se están preocupando por el descontrol de las máquinas que deciden por los humanos y generan posibilidades de amenazas. El fundamental asunto que se expone es si con la Inteligencia Artificial (IA) hay futuro humano para disfrutar de modo floreciente.

Cerca de 1.750 desarrolladores informáticos del mundo han estado firmando una carta abierta, hospedada en el sitio Web del Future of Life Institute, con la cual hacen un “llamado a todos los laboratorios de IA para que todos los actores clave pausen inmediatamente, de modo público y verificable, durante al menos 6 meses, el entrenamiento más potente de estos sistemas GPT-4” (un modelo de lenguaje lanzado en marzo 14 de 2023, creado por OpenAI y disponible para los usuarios del ChatGPT Plus).

Bill Gates también se ha sumado pero con un extenso ensayo personal “The age of AI has begun”, hospedado en su blog de notas el anterior marzo 21, donde apunta que “las IA dan respuestas incorrectas a problemas matemáticos porque tienen dificultades con el razonamiento abstracto”. Por supuesto, la máquina digital puede llegar a ser inteligente pero en esencia es estúpida ya que no contextualiza ni reflexiona sobre las consecuencias de las consecuencias de los actos.

Aprovecha el escrito para ampliar el inventario de conflictos clave hacia la mejora de la educación −al menos en Estados Unidos− que ahora genera inequidad, el cambo climático que puede ser más equitativo y la amenaza que representan los humanos armados con IA. Gates incluye al sector educación y al clima habida cuenta porque se han considerado 3 oportunidades que ofrece la IA fiable: educación de calidad y transformación digital; acción por el clima e infraestructura sostenible; salud y bienestar.

Los desarrolladores informáticos del mundo cuestionan que los “sistemas contemporáneos de IA se están volviendo competitivos para los humanos en tareas generales” y preguntan, en consecuencia: ¿Deberíamos dejar que las máquinas inunden nuestros canales de información con propaganda y falsedad? ¿Deberíamos automatizar todos los trabajos, incluidos los de cumplimiento? ¿Deberíamos desarrollar mentes no humanas que eventualmente podrían superarnos en cantidad, al ser más inteligentes, remotas y reemplazarnos? ¿Deberíamos arriesgarnos a perder el control de nuestra civilización? La serie de inquietudes oscila de lo abstracto a lo concreto del fundamento, realización y evaluación de la IA fiable.

El argumento del pedido a la pausa del trabajo estriba en que se deben “desarrollar e implementar conjuntamente protocolos de seguridad compartidos para el diseño y el desarrollo avanzado de IA, que sean rigurosamente auditados y supervisados por expertos externos independientes”. De manera que “La investigación y el desarrollo de IA se deben reenfocar en hacer que los sistemas potentes y de última generación de hoy en día sean más precisos, seguros, interpretables, transparentes, robustos, alineados, confiables y leales.”

Proponen en la carta abierta que los desarrolladores de IA deben trabajar en simultánea con los “legisladores para acelerar drásticamente el desarrollo de sistemas sólidos de gobernanza a la IA”. Y enumeran algunos mínimos como: autoridades reguladoras nuevas y capaces dedicadas a la IA; supervisores y rastreadores de sistemas de IA con grandes conjuntos de alta capacidad computacional; sistemas de procedencia y de marcas de agua para ayudar a distinguir las fugas reales de las sintéticas y rastrear modelos; ecosistema sólido de auditoría y certificación; responsabilidad por daños causados por IA; financiación pública sólida para la investigación técnica de seguridad de la IA e instituciones bien dotadas para hacer frente a las dramáticas perturbaciones económicas y políticas (especialmente en la democracia) que provocará la IA.

En su rol de filántropo, el magnate Gates tampoco se queda a espaldas y propone tres principios que deben guiar la conversación: tratar de equilibrar los temores sobre las desventajas de la IA por su capacidad de mejorar la vida de las personas; garantizar que las IA se utilicen para reducir la inequidad mediante la financiación confiable y con políticas, gobiernos y filantropía correctas; y, tener en cuenta que solo estamos al comienzo de lo que la IA puede lograr.

Avanzar en los protocolos

La confianza sigue siendo el principal cimiento por el cual se asientan las sociedades, comunidades, economías y el desarrollo sostenible. Es por ello que en abril 25 de 2018 la Comisión Europea definió su COM(2018)237 y en diciembre 7 de 2018 corrigió y amplió su COM(2018)795, luego de recibir observaciones a través del proceso de consulta pública. Este ejemplo fácilmente se puede continuar para la elaboración de políticas públicas, siempre y cuando exista voluntad de quienes componen un gobierno.

Los dos documentos citados contienen la visión europea acerca de la Inteligencia Artificial para apoyarla con una ética, segura y vanguardista «made in Europe». Dicha visión se respalda en tres pilares:

a) incremento de las inversiones públicas y privadas en IA para impulsar su adopción, 

b) preparación para los cambios socio-económicos, y 

c) garantía de un marco ético y legal adecuado para fortalecer los valores europeos. 

Sin embargo, la pregunta clave es ¿cómo se alcanza la fiabilidad en un sistema tecnológico y su desarrollo, pero en especial en las aplicaciones? 

Para el grupo de los expertos europeos convocados hace 5 años, “La IA no es un fin en sí mismo, sino un prometedor medio para favorecer la prosperidad humana y, de ese modo, mejorar el bienestar individual y social y el bien común, además de traer consigo progreso e innovación”. Sin embargo, existen 4 preocupaciones fundamentales que plantea la IA como medio prometedor de beneficio: identificación y seguimiento a personas; sistemas encubiertos; evaluación de ciudadanos vulnerando sus derechos fundamentales y armas letales autónomas. 

La clave para “desarrollar e implementar protocolos conjuntos de seguridad compartidos” está ligada a que “los beneficios de esa tecnología IA estén acordes con los valores europeos fundacionales: respeto de los derechos humanos, democracia y estado de Derecho.” 

Nosotros los destinatarios 

Las directrices éticas de la Comisión Europea se centran en las personas y en las sociedades, precursores merecedores de una IA lícita, ética y robusta al utilizar los sistemas de la IA fiable. Todos nosotros, entonces, podemos optar voluntariamente por usar las directrices como método práctico de cada compromiso individual, considerando la lista de chequeo a la evaluación y la estructura de gobernanza en el rol de consumidores de información digital. 

Enumero algunas preguntas para la gestión de la privacidad y de los datos personales, acción prominente del usuario del entorno informático digital. El marco europeo invita a ponerlo en práctica, en modo piloto. ¿Ha tomado medidas para mejorar su privacidad, por ejemplo a través de procesos como el encriptado, la anonimización y la agregación? ¿Se ha pronunciado con consentimiento válido y posibilidad de revocar el uso de sus datos personales, cuando proceda? ¿Ha instaurado procesos para garantizar la calidad y la integridad de sus datos? ¿Cómo está verificando que los conjuntos de sus datos no son vulnerados ni son objeto de ataques? ¿Ha evaluado quién puede acceder a sus datos de usuario y en qué circunstancias? ¿Se ha asegurado que esas personas poseen la cualificación para acceder a sus datos y que cuentan con competencias necesarias para comprender los detalles de la política de protección de datos? ¿Se ha asegurado que exista un mecanismo de supervisión que permita registrar cuándo, dónde, cómo y quién accede a sus datos, y con qué propósitos? 

Además, la lista de destinatarios de la Comisión Europea involucra a empresas, organizaciones, investigadores, servicios públicos, agencias gubernamentales, instituciones, organizaciones de la sociedad civil, particulares, trabajadores y consumidores. Por tanto las preguntas se amplían a cada rol del repertorio. 

De otro lado, el conjunto de agentes que contribuye a entregar desarrollo y despliegue de los sistemas de la IA fiable estará conformado por “las cualidades de los sistemas socio-técnicos, que abarcan: personas, agentes estatales, corporaciones, infraestructura, programas informáticos, protocolos, normas, gobernanza, leyes existentes, mecanismos de supervisión, estructuras de incentivos, procedimientos de auditoría, informes sobre buenas prácticas, etc.” 

Finalmente, la Comisión Europea define la IA lícita como el operar con base en normas jurídicamente vinculantes a escala europea, nacional e internacional por cuanto establecen obligaciones que significan lo que no se puede hacer y lo que se debe hacer; IA ética que implica garantizar que se cumplan las normas éticas; y IA robusta mediante sistemas que deben funcionar de manera segura y fiable en lo técnico y en lo social, previendo medidas de protección para evitar cualquier efecto adverso imprevisto. 

Desde la teoría de la complejidad social planteada por el sociólogo alemán Niklas Luhmann se deben dar 3 condiciones para que opere la confianza, “en el más amplio sentido de la fe en las expectativas de uno”: i) sentar la confianza en la naturaleza del mundo, que es evidente por sí misma, y en la naturaleza humana. De modo que “la confianza es una parte integral de los límites dentro de los cuales vivimos”; ii) “el punto de partida correcto y apropiado para la derivación de reglas para la conducta apropiada” consideraría la necesidad de confianza. Con este método se llega a las máximas éticas, entendidas como “principios que son inherentemente reversibles y de valor cuestionable”; y iii) “pensar y usar nuestra imaginación para representar las ansiedades de una existencia sin confianza”. Habida cuenta, el análisis funcional no consiste en establecer las conexiones entre datos establecidos o conocimiento confiable a través del cual se obtiene conocimiento adicional, en consecuencia. 

Siguiendo con el hilo de la teoría de Luhmann, la confianza es personal dado que “no se puede confiar en el caos, ya que si nada se conecta con nada o todo con todo, es imposible construir generalizaciones”. Por tanto, es mediante la libertad de acción que poseemos los seres humanos −como sistema de tipo especial− que surge en el mundo el aumento de la complejidad y donde se centra la confianza, que se extiende a otro ser humano antes que nada. 

Para el sociólogo alemán, entonces, “la confianza es la expectativa generalizada que el otro manejará su libertad para la acción diversa, manteniendo su personalidad que ha mostrado y hecho socialmente visible”. Aún así, toda forma perceptible de comportamiento es comunicación que requiere algún tipo de salvaguarda. 

Por su parte, el lingüista norteamericano, Noam Chomsky, en entrevista con el blog Tehran Times respondía en marzo 24 pasado que “ la distinción fundamental entre lenguaje y mente sigue siendo un tema de debate filosófico … Y, si bien las máquinas pueden volverse más hábiles en el procesamiento del lenguaje, su diseño revela que es un plagio de alta tecnología en esencia”.

Uso idóneo de medios digitales para el proceso de paz y la democracia

Análisis de problemas relacionados con el despliegue de información digital y los riesgos de la inseguridad epistémica a propósito de la agenda del diálogo para la paz entre Gobierno y ELN de Colombia que sus delegados están terminando de configurar en Caracas

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Los espacios digitales traen riesgos y oportunidades para los procesos de paz. Es el momento conveniente para la identificación de pistas temáticas por la re-instalación de la mesa de diálogo entre delegados del estado de Colombia y del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional, con Venezuela como nación garante. Es también oportunidad ya que el Presidente de la República de Colombia informa los actos del gobierno nacional mediante plataformas de medios sociales.

Las historias periodísticas y las noticias fluyen a través de ecosistemas híbridos de información, donde los espacios mediáticos heredados (medios analógicos como radiodifusión, televisión y periódicos) coexisten con los espacios digitales configurados en plataformas de medios sociales (Facebook, Twitter, WhatsApp y YouTube en Occidente o WeChat, Weibo y TikTok de China). Tal hibridación arrastra desinformación, información engañosa, noticias falsas y discursos de odio pero sobre todo genera la acción de remediación, donde los medios analógicos y los digitales se refuerzan mutuamente a través de estrategias de inmediatez y de hipermediación con base en la retórica inmersiva. Más todavía, si los medios heredados reafirman el status social los medios digitales lo retan, representándose unos en los otros.

Las principales plataformas de medios sociales se apoyan en el modelo económico de ganancia que recompensa la información errónea y emocional socavando al periodismo asentado en hechos, a diferencia de otras tecnologías de información. Ese modelo económico es el prototipo del capitalismo de vigilancia que monetiza los datos privados, aprovecha la economía de la atención predispuesta en los usuarios que se mantienen en línea y abastece los algoritmos que privilegian los contenidos de sensación que, a su vez, refuerzan los filtros de burbuja con los peores aspectos de la sensibilidad humana. La información así compartida en ecosistemas híbridos influye en la democracia y en los conflictos sociales al presentar un marco con otros tipos de polarización.

Literatura al respecto

Han sido estudiados en el libro, Digital Information, Conflict and Democracy. In Social Media Impacts on Conflict and Democracy: The Techtonic Shift (editado en 2021), entre otros, exponentes como Brasil con base en la información armada y el odio digitalizado, Colombia mediante la influencia espuria en espacios democráticos por el uso de medios sociales y Venezuela debido al autoritarismo del siglo XXI en el ámbito digital. 

Para el proyecto ICT4 Peace, surgido en las primeras conversaciones de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, en Ginebra (2003), liderado por el Grupo de Trabajo sobre TIC de Naciones Unidas, “la comunicación también es esencial para poner fin a los conflictos y construir una paz duradera, y las TIC tienen un papel clave que desempeñar en la mejora de la comunicación al facilitar las negociaciones, aumentar la transparencia y formar confianza.”

Lisa Schirch, profesora senior de Práctica de Estudios de Paz en Keough School of Global Affairs de la Universidad de Notre Dame, argumenta que el entorno digital ha creado un cambio tectónico al ofrecer nuevas posibilidades para escalar la participación pública, mejorar la colaboración de múltiples partes interesadas en las decisiones y apoyar elementos de los procesos de paz públicos sostenidos. Las nuevas posibilidades serían: velocidad de transmisión y alcance de la información, multiformas para compartir información y comunicación interpersonal, creación de contenido evitando técnicas del periodismo, etc.

Iria Puyosa, académica venezolana en comunicación política especializada en resistencia civil bajo regímenes autoritarios, en su documento "Venezuela: 21st Century Authoritarianism in the Digital Sphere", resume la información extensa sobre violaciones motivadas en derechos digitales y políticos que afectan a los venezolanos, principalmente a los usuarios de medios sociales, debido a la dinámica del conflicto entre el gobierno autoritario y los luchadores por la redemocratización cuyo proceso erosiona la democracia.

Diana Dajer, asesora colombiana del Ministerio del Interior de Colombia, del Programa de Estado de Derecho para América Latina de Konrad-Adenauer-Stiftung y del Centro Internacional de Toledo para la Paz, en su artículo "The Use of Social Media in Colombian Democratic Spaces: A Double-Edged Sword", sostiene que la era de los medios sociales brinda oportunidades y desafíos a una amplia gama de partes interesadas en Colombia, para aprovechar el poder de la innovación tecnológica a fin de fomentar una democracia más abierta y transparente en medio del conflicto.

Riesgos mediáticos

Así mismo se han logrado aclarar riesgos del entorno digital para los procesos públicos de paz sostenidos, relacionados con la tecnología digital y las ganancias de las plataformas de medios sociales. Con la infraestructura y el diseño tecnológico se amplifican la polarización, la discriminación y el extremismo mientras que con el modelo de negocio se altera la viabilidad financiera del periodismo de noticias.

Dichas conclusiones se han cerrado en mayo 2022 luego del ciclo de entrevistas y el taller sobre paz convocados por las fundaciones internacionales Hirondelle (con sede en Lausana, Suiza, fundada en 1995 para crear y desarrollar medios de comunicación, estaciones de radio FM, programas multimedia y sitios Web "pure player" para enfrentar conflictos, desastres humanitarios, revoluciones, cambio climático, violaciones masivas de los Derechos Humanos) y ICT4Peace (que apoya el gobierno suizo desde 2003 orientada a la política y la acción cuyo propósito es salvar vidas y proteger la dignidad humana a través de las TIC y los nuevos medios con fines pacíficos).

Previamente, informes generalizados del año 2021 sobre plataformas de medios sociales estudiaron también la amplificación de la polarización, el odio y el extremismo en prácticamente todos los países de los cinco continentes. La primera tesis argumenta que las prestaciones del servicio digital muestran información a los usuarios que muy probablemente refuerza sus creencias y sesgos actuales al ocultar fuentes de información diversas, confiables y basadas en hechos. Mediante ese diseño del contenido se amplifican la polarización ideológica y los grupos identitarios.

Puyosa en el año 2018, identificó con antelación cuatro estrategias comúnmente utilizadas en Twitter por el gobierno de Venezuela (garante del diálogo de paz entre ELN y Estado de Colombia): i) coordinación de cuentas oficiales y automatizadas para responder los trending topics diarios; ii) promoción de hashtags distractores acompañados de mensajes emocionales, escandalosos, engañosos, ofensivos y falsos a través de cuentas cyborg y bot; iii) secuestro de hashtags publicados por la oposición para distorsionar los mensajes; y iv) interferencia y contaminación a las conversaciones entre las diversas comunidades de oposición, según el documento "Venezuelan Government Strategies for Information War on Twitter".

La segunda proposición acerca del negocio de los medios digitales tiene vinculación con los algoritmos no neutrales moralmente pues reflejan los sesgos y los prejuicios de las personas que los crean. Investigadoras como Cathy O'Neil, matemática estadounidense y autora de documentos en temas de ciencia de datos, o Ruha Benjamin, socióloga y profesora en el Departamento de Estudios Afroamericanos de la Universidad de Princeton, han encontrado algoritmos que refuerzan la discriminación por motivos de identidad, género, etnicidad, clase social, etc. Este desarrollo prolonga las publicaciones con altos niveles de participación con las que se aumentan las ganancias del modelo informático.

Luego de la investigación interna de Keach Hagey y Jeff Horwitz, publicada en The Wall Street Journal Online, Facebook admitió que sus algoritmos y las publicaciones incendiarias expandieron emociones porque tienden a generar mayor participación del usuario. Esa amplificación digital de la polarización, discriminación y extremismo representa amenazas significativas en elecciones democráticas y procesos de paz destinadas a prevenir, reducir o poner fin a la violencia. Sea el caso “el modelo neo-autoritario de las dictaduras cerradas: incluye la judicialización al discurso opositor en línea y la promoción de ciberataques contra activistas pro-democracia”, se argumenta en el artículo "Political control on the Internet in the context of a hybrid regime. Venezuela 2007-2015" de Puyosa. En Colombia también hay investigaciones sobre la influencia del uso de plataformas como WhatsApp, Facebook y Twitter en diferentes procesos políticos internos, como el plebiscito de 2016 sobre el acuerdo de paz entre gobierno y guerrilla de FARC-EP, las elecciones presidenciales del año 2018 y las amenazas y los asesinatos contra líderes sociales desde que se firmó el acuerdo de paz, como señala Dajer en su artículo ya mencionado.

Estas causas en la infraestructura tecnológica no neutral, que amplifican la polarización y alteran el negocio de las historias noticiosas, han generado que el movimiento “Stop Hate for Profit” reclamara a Facebook en julio 2020 “dejar de valorizar las ganancias por encima del odio, la intolerancia, el racismo, el antisemitismo y la desinformación”.

El modelo de negocio de ganancia de los medios sociales en detalle altera la viabilidad financiera del periodismo de noticias en los medios de comunicación heredados que respetan la ética profesional del periodismo. También las ganancias económicas de muchas plataformas generan conflictos al ofrecer acceso gratuito a los usuarios a cambio de recopilar o extraer sus datos privados sobre creencias y preferencias de esos usuarios, que luego venden mediante anuncios personalizados en línea. Este segundo perjuicio mediático, con base en el modelo de ganancia, conocido como “economía de la atención”, orienta el desarrollo de los algoritmos que sesgan y crea las posibilidades de contenidos que impulsan conflictos.

Se trata de un bucle cerrado por cuestión de dinero. Es decir, las ganancias generan tecnologías con sesgo que aventajan el modelo de negocio de la noticia digital. Algunas de esas dinámicas estudiadas a escala global se refieren, entre otras a: agregación de noticias (re-publicación) en los espacios digitales que resta financiación al laborioso oficio del periodismo profesional cimentado en exactitud, verificación de fuentes, imparcialidad, minuciosidad, etc.; traslado de los anuncios de los medios heredados a los medios digitales con información más particular que rastrean perfiles del usuario lo que ha generado cierre o reducción en la cobertura periodística; búsquedas ubícuas digitales cuyo poder predictivo es “miga de pan” que cuenta la historia más precisa de nuestra vida y registra nuestro comportamiento tal como sucede en realidad. Es una tendencia para Kleis Nielsen, Alessio Cornia y Antonis Kaleogeropoulos reportada en 2016 por el Council of Europe cuya consecuencia “reduce el acceso a la información verificada necesaria para el interés público en momentos de elecciones democráticas y participación social para los procesos del gobierno inclusivo”.

Los hitos significativos del esfuerzo neo-autoritario de control a la comunicación en Venezuela con base en el modelo de negocio de ganancia genérica incluyen, por ejemplo: la nacionalización de la empresa de telecomunicaciones CANTV (2007), el cierre del canal de televisión RCTV (2007), la suspensión de 39 estaciones de radiodifusión (2009), la expropiación del canal privado de noticias Globovisión (2014) y la venta obligada de varios periódicos, como Últimas Noticias (2013), El Universal (2014), Noti Tarde (2015). Por si no bastara, el canal multiestatal Telesur de suscripción inició transmisiones por iniciativa de Hugo Chávez de Venezuela y Fidel Castro de Cuba, en el 222 aniversario del natalicio de Simón Bolívar, para la difusión de noticias internacionales del Sur.

Militarización digital

Otros cuatro riesgos digitales para los procesos públicos de paz sostenidos se enlazan directamente con el uso óptimo de las tecnologías digitales que interrumpen el ecosistema de información de diversas maneras.

El primero es el acceso digital que implica neutralidad de la red y apagones de Internet. La brecha del acceso digital persiste en gran parte de la población mundial en modos de desigualdades entre pobres y ricos, alfabetizados y analfabetos, urbanos y rurales, identidades de género...

En Colombia, el informe del estado de acceso y necesidades del servicio de Internet elaborado por Néstor Alonso Jiménez de la Universidad del Rosario, de marzo 2022, da cuenta que los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST) están segmentados con base en nichos de mercado, así: cuatro mantienen 82% del mercado, cinco tienen un mercado del 10% y el restante 8% del mercado lo posee el resto. Estas cifras tomadas del Boletín Trimestral del sector TIC -cuarto trimestre de 2020- del Ministerio de las TIC son manifiestas posibilidades que “se presenten las condiciones para configurar un oligopolio, figura económica de mercado, inconveniente para el usuario, porque facilita acuerdos entre proveedores”.

Las cabeceras municipales de los departamentos de Valle, Quindío, Risaralda y Cundinamarca tienen más computadores de escritorio; Valle y Risaralda lideran los hogares con internet fijo; Santander, Meta, Valle, Casanare, Quindío y Boyacá encabezan los servicios de Internet móvil. No existen análisis detallados para conocer cuál es el cubrimiento del servicio público de Internet en zonas rurales pero hay que tener en cuenta que los PRST que se presentaron en 2019 a la subasta del Espectro Radioeléctrico para las bandas 700, 1.900 y 2.500 MHz aprovecharían las poblaciones de los centros urbanos para maximizar el potencial de la tecnología 4G en “3.658 localidades en zonas rurales de los 32 departamentos del país, incluyendo el archipiélago de San Andrés, y estarán operativos en menos de cinco años”. Lo cierto es que la “informatización rural es aparentemente poco rentable debido a la mezcla entre el cumplimiento pasivo del deber político y la búsqueda proactiva de los intereses comerciales”, según ilustra Chun Liu, en su documento de 2016 “Sustainability of rural informatization programs in developing countries: A case study of China׳s Sichuan province”.

La ausencia de neutralidad de la red ya es un hecho en la democracia del primer mundo. Resulta que en diciembre 2017, la presidencia de Estados Unidos, a través de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), revertió la normativa aprobada en el gobierno de Barack Obama, donde los proveedores del servicio de información digital deben permitir el acceso a cualquier contenido sin importar de donde provenga y sin favorecer o bloquear productos o servicios particulares. En Colombia, por el contrario, el artículo 2 numeral 6 de la Ley 1341 de 2009 y el artículo 9 de la Resolución 2715 de 2020, expedidas por MinTIC, establecen la neutralidad tecnológica en la “garantía del Estado a la libre adopción de tecnologías” y en las “obligaciones de hacer comparaciones entre diferentes tecnologías para identificar pertinencia o viabilidad.”

Esta neutralidad de la red para académicos y profesionales nos representa que Internet debe tratarse como un servicio público de Red provechosa. Por encima del presupuesto obvio que Internet es libre, abierta y necesaria con la que se accede a información y comunicación, es condición previa para una paz sostenida. A mayor información de calidad con fuentes autorizadas superior pensamiento y lectura críticas.

Adicional, se han constituido perversas alianzas no para interrumpir el acceso público gratuito a Internet si no para “priorizar los anuncios pagados o la información con fines de lucro en las búsquedas en Red, bloquear algunas fuentes de información y/o presionar las fuentes de información del gobierno como fuerzas políticas y económicas”, sostiene Deji Olukotun, investigador en The Global Net Neutrality Coalition. En efecto, la aplicación “Free Basics”, apta para todo público, de la tecnológica Meta, sí aumenta el acceso digital a Internet al precargarse en los teléfonos móviles para que los usuarios locales alcancen fuentes de información seleccionadas “gratuitas” a través de Facebook. Pero los algoritmos de Meta adaptan las noticias a las creencias pre-existentes de los usuarios con lo que se puede contribuir a mayor polarización y conflicto.

Los apagones de Internet son también táctica de gobiernos neo-autoritarios para silenciar críticos y castigar ciudadanos no solo cerrando la conexión a la Red si no generando apagones eléctricos que afecten la conectividad a internet. El movimiento global Access Now documentó en la publicación “#KeepItOn Update: Who is Shutting Down the Internet in 2021?” no menos de 50 apagones de Internet en 21 países solo en la primera mitad del año 2021.

El segundo control digital es la ciberseguridad con base en ataques de malware con los que los actores de los conflictos estructuran variedades de formas. Mientras el robo cibernético implica conquistar o secuestrar información privada los ataques de denegación del servicio impiden el uso de todo elemento digitalizado. Las tácticas oscilan entre infectar o dañar sistemas de agencias gubernamentales, interrumpir redes eléctricas, sistemas de agua potable, plantas de energía nuclear, instalaciones de atención médica, señales de tránsito masivo, hasta suprimir programas informáticos y vender datos privados.

El sitio Web de la agencia Comisión de Paz del gobierno de Colombia es No seguro según notificación del navegador Google Chrome, versión 104, con que se hizo el acceso el 30 noviembre 2022. En la sección Prensa, no hay Noticias publicadas en septiembre 2022 sobre las “convocatorias abiertas a los diálogos regionales”. En el portal Web de la Presidencia, el buscador de la sección Noticias no funciona. Estas dos muestras me corroborarían la respuesta del Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Danilo Rueda, al responder en entrevista de televisión (14 septiembre 2022) acerca de la relación entre los diálogos regionales vinculantes con la paz total:

Decía Rueda: 

“La exclusión social y la desigualdad es lo que ha sustentado y justificado para muchos la violencia. La desigualdad, la ausencia de oportunidades, es lo que ha justificado que muchos jóvenes se vinculen a la violencia. Y el diálogo según el Presidente no es sólo con los armados, es con los ciudadanos. Los ciudadanos son el sujeto que puede construir la paz. Solamente una ciudadanía conciente de sus derechos y un gobierno que responda a sus derechos pueden construir la paz. En la medida en que este gobierno asume compromisos muy concretos y específicos en todos los territorios, la legitimidad de posibilitar el uso de la violencia, sea para un alzamiento armado y ejercer el derecho a la rebelión o para la acumulación y la protección de la riqueza para unos pocos, pierde su sustento”.

-Y, ¿cómo llegan las personas a los encuentros del diálogo regional vinculante?

“Habrá líneas abiertas de participación virtual pero también habrá escenarios públicos donde los ciudadanos participarán en las mesas que se ubicarán en esos lugares públicos, en la plaza pública. Es un ejercicio de Agora, es recoger el principio de la democracia sin ningún tipo de exclusión. Se hacen convocatorias abiertas que van a conocerse a través de los medios de información, a través de las redes sociales, y todo aquel que quiera participar asiste.”

En complemento, la hegemonía comunicacional o control de la información en Venezuela integra un sistema de medios administrado por el gobierno y financiado por entidades para-gubernamentales, según expone Raisa Urribarrí, co-fundadora del Capítulo de Panamá de Internet Society, en su documento Medios comunitarios: el reto de formar(se) para la inclusión. Expone igualmente Puyosa, en Venezuela: 21st Century Authoritarianism in the Digital Sphere, que existe el documento filtrado del Ministerio del Interior y Justicia, “Ejército de Trolls de la Revolución Bolivariana”, cuyo contenido en 14 páginas trata la estrategia del gobierno para enfrentar la guerra mediática y explica que la base de operaciones del Ejército Digital debe ser dividida en cinco escuadrones: pro-gobierno (“hablaran solo temas a favor del proceso y se dividen en dos grupos”), opositores (“hablaran solo temas en contra del proceso y se dividen en dos grupos”), neutros (“hablaran solo temas no politicos”), distracción (“hablaran solo temas deportivos, sexo, eventos publicos”) y fake news (“iniciadores de falsos positivos”). Estas cibertropas empleadas del gobierno aparentemente tienen vínculos con agencias de la administración pública −incluidos los ministros de educación, salud, alimentación, cultura, turismo y vivienda− siendo su trabajo principal twittear para suplicar lealtad al régimen. Según el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS Venezuela) desde junio de 2014 la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) estableció como práctica rutinaria el bloqueo de páginas web que publican los tipos de cambio. Otras voces afirman que desde 2017 crecientes medios digitales han sido bloqueados, que en 2019 el gobierno bloqueó casi por completo Wikipedia, que en el último año se han ejecutado interferencias técnicas muy sofisticadas como suplantación de DNS en sitios web de la oposición.

El tercer control digital es la privacidad y la vigilancia masiva, siendo relevantes para un proceso de paz sostenido porque mediadores, líderes clave o personas influyentes pueden identificarse y rastrearse en dispositivos digitales. China y Venezuela, como muestra de gobiernos que experimentan la vigilancia masiva, utilizan marcadores de identidad biométricos, programas de reconocimiento facial entre otros controles. Con la pandemia Covid-19 se aumentó la precisión de algunos de ellos para identificar a las personas con mascarillas.

La técnica Doxxing −el acto de revelar intencional y públicamente información personal sobre un individuo u organización, generalmente a través de Internet− generaliza las violaciones a la privacidad de las personas para que se auto-censuren en los medios sociales bajo el temor de repercusiones posibles. Así lo estudiaron en 2020, Ekaterina Zhuravskaya, Maria Petrova y Ruben Enikolopov, en el documento Political Effects of the Internet and Social Media. El doxxing de información sobre mediadores o partes interesadas en el conflicto podría ser más peligroso tanto para las personas involucradas como para un proceso de negociación al motivar el seguimiento digital, organizar los ataques físicos o simplemente legislar.

Según los académicos de la Universidad Iberoamericana de México, Manuel Guerrero y Mireya Márquez-Ramírez, existen “reglamentos que limitan el acceso a la información y a la libertad de prensa y recuerdan a los periodistas que puede haber costos muy altos por su expresión que promueva la auto-censura.”

Ejemplo de este tipo de legislación es la Ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos decretada por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, y sus reformas, publicadas en la Gaceta Oficial número 39.610, del lunes 7 de febrero de 2011. El artículo 3 de objetivos generales garantiza “el respeto a la libertad de expresión e información, sin censura, dentro de los límites propios de un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia y con las responsabilidades que acarrea el ejercicio de dicha libertad, conforme con la Constitución de la República, los tratados internacionales ratificados por la República Bolivariana de Venezuela en materia de derechos humanos y la ley … y promueve el efectivo ejercicio y respeto de los derechos humanos, en particular, los que conciernen a la protección del honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación y al acceso a una información oportuna, veraz e imparcial, sin censura”. Además, el artículo 27 sobre Prohibiciones de los servicios de radio, televisión y medios electrónicos, no permite “la difusión de los mensajes que ... inciten o promuevan el odio y la intolerancia por razones religiosas, políticas, por diferencia de género, por racismo o xenofobia” y el artículo 29 sobre Suspensión y revocatoria si … “inciten o promuevan el odio o la intolerancia por razones religiosas, políticas, por diferencia de género, por racismo o xenofobia.”

Por último pero no el control digital más desechado es el enfrentamiento cognitivo librado que consiste en reafirmar o retar el statu quo social a través de la remediación con base en el rol de los editores de noticias en los medios heredados o en la aparente democratización de contenidos digitales de los usuarios de medios sociales. Su componente inseguridad epistémica proviene de actores políticos y de agentes mailciosos mediante estrategias de distracción con las que inundan de noticias las plataformas digitales con interés personal.

El propósito es confundir y distraer al público involucrado en el discurso político. Cotejando lo anunciado por el Alto Comisionado para la Paz de Colombia en aquella entrevista de TV ya citada se encontró el caso de inconsistencias de conceptos, a saber: “¿Qué funcionarios asisten a cada encuentro regional? En la medida de lo posible estará el Presidente. Son 50 encuentros antes de noviembre en espacios de dos días y medio, con una metodología participativa, donde los ciudadanos indistintamente, sin ningún tipo de exclusión, participarán a través de una metodología que posibilitará que sus necesidades, que sus derechos insatisfechos, puedan ser expresados y sean parte de ese plan nacional de desarrollo.” Con base en el portal Web, sección Cronograma, se han realizado 43 diálogos vinculantes estando la Inscripción en dos de ellos aplazada, en dos pendientes y en cuatro abierta, cuya agenda se extendería hasta el sábado 3 de Diciembre con el diálogo 47.

Dado que los actores políticos pueden difundir información falsa o engañosa para modificar las creencias políticas o los comportamientos, la OTAN sugiere que la “guerra cognitiva”, basada en medios sociales, socava las capacidades humanas para el pensamiento crítico y la administración pública. Una segunda intención es provocar la sensación de caos e incertidumbre, ya que los actores políticos contribuyen a la inseguridad epistémica para que el público no pueda discernir qué creer o cómo comportarse. Dos ejemplos de la reiterada confianza fallida del proceso de paz con el ELN y el Estado de Colombia la expresan Carlos Velandia, alías Felipe Torres, del ELN, el 21 noviembre 2022, cuando respondía por TV a la pregunta “¿Es usted optimista cuando hoy lunes 21 de noviembre en Caracas volvieron a abrir el proceso? Soy optimista con racionalidad, fundado en información y estudios de paz y de conflictos. Primero, porque el país ya no aguanta; en segundo lugar, porque el proceso de paz con las FARC puso en la cola, en el tramo final del conflicto, lo que queda de violencia y lo que queda de conflicto. Y en tercer lugar, porque tenemos un cambio político en el país que ha sido dramático. Hoy estamos siendo gobernados por un partido, un movimiento de izquierda, con planteamientos de paz, de cambio, que también el ELN buscaba este tipo de escenarios. Con este gobierno de izquierda habrá mejores condiciones para un entendimiento y buscar el mejor arreglo posible. No significa que el Estado va a declinar sus posiciones o soberanía o la contextura del Estado que somos. Pero si va a hacer mucho más posible el trámite dialéctico y sobre todo la posibilidad de llegar a acuerdos.”

Y el segundo exponente es la respuesta del Jefe de la delegación negociadora del ELN, Israel Ramirez Pineda, alías Pablo Beltrán, al hablar en TV de los retos para alcanzar la paz total, el 23 noviembre 2022: “¿Por qué en esta oportunidad los colombianos deben ser crédulos frente a esa iniciativa de reconciliación con el ELN? El país pasa por un cuarto de hora en que hay una exigencia en las calles para que haya cambios, entre ellos, que haya paz. Parte de esa exigencia la recoge el gobierno y desde el 7 de agosto el Presidente dijo que iba a trabajar por una paz verdadera y definitiva. Lo que quiere decir que nosotros tenemos un interlocutor que lo ha dicho públicamente, ha hecho de la paz una parte de su programa de gobierno. Quiere decir que es una gran oportunidad. En cuanto a nosotros, acabamos de hacer una consulta con todos los frentes nuestros, durante mes y medio, y hay un consenso total que debemos proseguir en la búsqueda de una solución política al conflicto y por eso estamos aquí en Caracas y por eso reanudamos la mesa.”

Todos los tres archivos de las entrevistas de TV citadas se encuentran almacenados en el canal NotiCentro CM& de Youtube.