Mentes cerradas ahogarían la libertad académica y el debate intelectual

Una investigación a docentes de Ciencia Política en países prósperos postindustriales reveló esta tripleta:  una generalizada inclinación de la ideología izquierda liberal que estaría aislando a los conservadores, una experiencia en los campus universitarios de empeoramiento a tolerar el debate abierto académico pluralista y una carencia de respecto por el sólido debate intelectual

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Se observa un consenso amplio entre los académicos de la disciplina ciencias políticas de Estados Unidos y de sociedades occidentales potentadas, sobre el deterioro de la libertad académica para enseñar e investigar. Ese escenario reflejaría la transformación estructural, tanto en educación superior como en la variación ideológica.

Así concluye la profesora de política comparada en Harvard durante tres décadas, Pipa Norris, en su documento de trabajo con docentes de ciencia política acerca de la 'cultura de la cancelación' en los campus universitarios.

La encuesta global “World of Political Science (WPS), 2019” obtuvo 1.245 respuestas recopiladas de profesores, quienes estudian o trabajan en 23 sociedades postindustriales. Como condición mediadora se efectuaron comparaciones por cohortes de nacimiento, por género y sondeos transnacionales en Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Italia, Nigeria, Países Bajos, Reino Unido, Rusia y Suiza.

La medición recopiló información entre el 3 de febrero hasta el 7 de abril de 2019, mediante un cuestionario en línea de Qualtrics sobre múltiples dimensiones de la vida y el trabajo profesional, incluidas peculiaridades sociales, prioridades del rol, orígenes nacionales, calificaciones, habilidades metodológicas y el subcampo temático de especialización. Incluso 22 ítems monitorearon la experiencia directa acerca de los cambios en la profesión durante los últimos cinco años y, otros tres aspectos de la vida académica se usaron para saber si habían mejorado, no habían cambiado o habían empeorado. Estos fueron: el respeto por el debate abierto desde diversas perspectivas, las presiones para ser 'políticamente correcto' y la libertad académica para enseñar e investigar.

Se preguntó a los encuestados: “A menudo se piensa que la vida académica está en estado de cambio. Utilizando la escala de 1 a 5, basada en su experiencia, indique si cree que la calidad de los aspectos de la vida académica ha cambiado en los últimos cinco años”. Dichos aspectos se enumeran en la sección resultados, más adelante.

La descomposición de la investigación sugiere varias proposiciones argumentales abiertas que surgen de la tesis de la cultura de la cancelación y describe las fuentes de evidencia. Validadas ante la prueba empírica de las encuestas al profesorado, se examinan afirmaciones del tipo: una ortodoxia progresista ha condenado a los contrarios al ostracismo, la libertad académica se ha limitado, el conformismo se ha fortalecido y el sólido debate intelectual se ha arrinconado.

Con base en los datos, se deduce que la experiencia personal de la cultura de la cancelación empeora y varía entre los académicos de ciencias políticas, según sean sus identidades ideológicas de izquierda-derecha, su cohorte de nacimiento generacional y su género, y el tipo de sociedad en desarrollo en la que viven, estudian y trabajan. Se han manifestado dos premisas, al respecto.

La primera tesis de la cultura de la cancelación se refiere a las identidades ideológicas de los politólogos a través de afirmaciones sobre sus valores y sus creencias predominantes en las culturas universitarias. Quiere decir que hay una idea enquistada entre el profesorado acerca de la hegemonía liberal que silencia las voces conservadoras. En efecto, la encuesta pionera representativa de 1958 de Paul Lazarsfeld, a gran escala con científicos sociales estadounidenses, demostró que los académicos tendían a ser más comprensivos con los valores liberales o de izquierda que la población general.

La radical y acalorada política universitaria de las décadas 1960 y principios de 1970 desencadenó más investigaciones sobre creencias y valores políticos en los profesores universitarios. Alrededor del 46% de los científicos sociales encuestados en 1976 se identificaron como de izquierda o liberales, el 28% como conservadores y el 26% como moderados. Este patrón no se limitó únicamente a los campus estadounidenses, pues ya había sesgos similares en Reino Unido en 1971.

En 2007 aquella evidencia se actualizó con otra encuesta a gran escala con profesorado estadounidense, “The social and political views of american professors”, demostrando que ─a pesar que muchos tenían opiniones moderadas de centro─ los conservadores y los republicanos siguen siendo relativamente raros entre los profesores de las universidades norteamericanas, especialmente en ciencias sociales. Más reciente, en 2016 se revisaron cinco importantes encuestas con académicos estadounidenses, realizadas desde 2000, y concluyeron que el porcentaje de conservadores auto-identificados oscilaba entre 5% y 15% en ciencias sociales y entre 4% y 8% en humanidades.

En Europa el análisis de datos agrupados de la Encuesta Social Europea 2019, “Are universities left-wing bastions? The political orientation of professors, professionals, and managers in Europe”, sugiere que los profesores de 31 países de la unión suelen ser más liberales y de tendencia izquierdista que otras profesiones equivalentes como abogados, arquitectos y médicos. Otro contraste evidencia que los valores y las actitudes políticas de los académicos frente a la redistribución económica y la integración en la Unión Europea están lejos de ser homogéneos.

En síntesis, el conjunto de estudios de la sociología de la academia desde finales de 1950 ha observado la generalizada inclinación de la izquierda liberal, al menos en las sociedades postindustriales. Se puede esperar que esto se perciba igual en la disciplina de ciencia política.

La premisa dos relacionada con la experiencia del empeoramiento de las libertades académicas manifiesta también el sesgo progresista en el campus, aun cuando no implica necesariamente intolerancia por el debate pluralista o que las opiniones contrarias no sean bienvenidas o que las ideas sean silenciadas. El análisis más fuerte ante la tesis de la cultura de la cancelación concierne a si se piensa que aquella práctica de conducta se ha deteriorado.

Asumiendo importantes limitaciones relacionadas con las insuficientes encuestas empíricas, la mayoría del profesorado liberal en los dos contextos geográficos delimitados puede acertadamente no ser consciente de cualquier sesgo hegemónico. Aún si lo reconociera, le resta importancia como problema grave. En antinomia, también se puede esperar que la minoría de académicos conservadores este más propensa a expresar preocupación por el deterioro de las libertades si tiene experiencia directa de la cultura de la cancelación. Podría, este grupo, estar más de acuerdo con las crecientes restricciones a la libertad de expresión académica, las presiones para la conformidad ideológica y la imposición de un discurso políticamente correcto.

En consecuencia, se reportan equivalencias entre Estados Unidos y el mundo próspero al comparar las experiencias del cambio de las condiciones de mejora o decadencia entre académicos auto-identificados como conservadores y liberales en ciencias políticas.

Resultados

Las invitaciones a los politólogos para participar de la encuesta de 2019 se distribuyeron a través de las redes sociales Facebook, Twitter y correos electrónicos; mediante la lista del boletín informativo del European Consortium for Political Research (ECPR) que agrupa doce universidades europeas; por las listas de la International Political Science Association (IPSA) ─fundada en París en 1949 bajo la égida de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)─ y a través de asociaciones varias nacionales como Canadian Political Science Association (CPSA), Political Studies Association (PSA) de Reino Unido y Australia, y Rusia.

A grandes rasgos, los tres items acerca del respeto por el debate abierto, las presiones para ser políticamente correcto y la libertad académica para enseñar e investigar son indicadores válidos desde la experiencia sobre diversas afirmaciones de las tesis de la cultura de la cancelación, incluyendo que los campus universitarios han visto empeorar la tolerancia al debate pluralista y a los puntos de vista opuestos, existen presiones crecientes para ajustarse a las prevalecientes normas sociales (progresistas o liberales) y a formas de expresión en la educación superior. Adicional, hay percepción de estar reducidas la libertad y la autonomía académicas para que los académicos individuales persigan sus intereses a través de la enseñanza y la investigación.

Politólogos a la izquierda

La pregunta “En términos generales, ¿cómo se describiría usted habitualmente ante la ideología?” recogió 1.733 respuestas de politólogos en el mundo y 221 en EE.UU. Fue inicialmente diseñada en el cuestionario en una escala móvil (0 a 10), desde el más izquierdista (0) hasta el más derechista (10) pero para el análisis posterior, esa escala se simplificó en izquierda (0-5) y derecha (6-10). La distribución de datos mostró curvas normales con un sesgo positivo a la izquierda, de 0.495 en el mundo y de 0.737 en EE.UU. Ese enfoque seguiría mostrando la tendencia hegemónica de 1958.

La puntuación media de los encuestados en todo el mundo fue de 4,53 en la escala de 0 a 10. En total, la mayoría de los politólogos (58%) de todo el mundo se considera ubicados a la izquierda moderada del espectro ideológico, mientras que otro 14% se posicionó en la "extrema izquierda". Poco más de una cuarta parte (26%) de los politólogos de todo el mundo se posicionó como de derecha moderada, aunque al mismo tiempo menos del 2% se consideraba de "extrema derecha".

Por su parte, la media estadounidense fue de 3,16 en la escala de 0 a 10. Siendo dos tercios de los politólogos estadounidenses (65%) auto-considerados de izquierda moderada, un pequeño grupo adicional (15%) se consideraba de extrema izquierda. En cambio, en general una quinta parte (20%) se consideraba de derecha moderada y casi ningún encuestado se consideraba de “extrema derecha”.

Para la profesora Norris, la falta de diversidad intelectual en la cultura académica puede ser problemática dentro de la disciplina ciencia política, especialmente en áreas controvertidas como la política de raza, género, poder y desigualdad. El enfoque, por tanto limita perspectivas alternativas para cuestionar los valores normativos prevalecientes y las teorías empíricas integradas en la agenda dominante de la investigación.

Respeto al debate abierto y a la libertad académica

La distribución de las evaluaciones con base en la experiencia del respeto al debate abierto desde diversas perspectivas en la vida académica, indagó si aquella vivencia ha cambiado para mejor o para peor durante los cinco años anteriores. En general, se muestra una curva de Media igual a 3,16 (en la escala 1 a 5: mejoro mucho, mejoro poco, no cambio, empeoro mucho, empeoro poco).

Si se desglosa por la medida dicotómica de la identidad ideológica de izquierda-derecha, se observan algunas diferencias modestas. Los profesores de izquierda (36%) son más propensos a sentir que la calidad del debate sigue igual en los últimos años según su experiencia. Por el contrario, los profesores de derechas (15%) son ligeramente más proclives a creer que el debate abierto ha empeorado mucho con el tiempo.

La pregunta sobre libertad académica proporciona un indicador importante sobre la calidad de la vida intelectual y de los sentimientos de autonomía en la profesión docente e investigadores. La pluralidad más grande (49%) a la izquierda ideológica pensó que desde su experiencia, la libertad académica se había deteriorado “algo/mucho”. Otro tercio (35%) no informó cambios, mientras que una quinta parte (17%) respondió que la libertad había mejorado “algo/mucho”. Sin embargo, los profesores de derecha (39%) pensaban que la libertad académica se había deteriorado “algo/mucho”, y (36%) daba por hecho que había mejorado “algo/mucho”.

Presiones para ser políticamente correcto

Se preguntó a los docentes acerca de ¿cómo han cambiado las percepciones de las presiones para ser “políticamente correcto” en la vida académica, durante los últimos años? El concepto se refiere a la conformidad con las normas sociales predominantes, una forma de autocensura de palabras y acciones auténticas diseñadas para encajar y evitar el oprobio.

Este tema evidencia preocupación más clara y compartida por ambos lados del espectro ideológico. De nuevo, la pluralidad de encuestados auto-identificados a la izquierda (42%) informó que, en su propia experiencia, no notaba cambios con el tiempo.

No obstante, 45% de ellos y 60% de la derecha informó que estas presiones habían empeorado “algo/mucho” con base en su experiencia. Estas percepciones superaron la proporción en general que sentían más positivamente que estas presiones habían mejorado “algo/mucho” (14% y 19% en su orden, según la ideología).

Comparaciones transnacionales

Al comparar los diez países diversos citados al inicio de este contenido, con un mínimo de al menos 70 encuestados, se muestran experiencias notablemente similares especialmente en las democracias angloamericanas que comparten tradiciones históricas y semejantes sistemas de educación superior.

El patrón clasificado de académicos de derecha de ciencias políticas que reporta peores experiencias de la cultura de la cancelación es Canadá, Australia, EE.UU., Reino Unido, Países Bajos, Rusia, Alemania, Italia y Suecia, en menor medida. La excepción es Nigeria, donde no hay diferencias significativas entre izquierda y derecha.

Así mismo, en todos esos países excepto Nigeria, las respuestas a la pregunta sobre la experiencia de presiones para ser políticamente correcto muestran una distribución similar, con mayores experiencias de este tipo reportadas por académicos auto-identificados de derecha.

Conclusión

Pipa Norris expresa que existen genuinos motivos de preocupación frente a la evolución de la cultura de la cancelación, que parten de la crítica legítima a palabras y a hechos socialmente ofensivos hasta convertirse en erosión a la tolerancia de la disidencia, sofocación a la libertad de expresión e imposición de una tendencia progresiva de ortodoxia de izquierda entre administradores, profesores y estudiantes.

Los datos de la encuesta WPS confirmaron el sesgo de docentes de izquierda en la disciplina de la ciencia política. Sin embargo, el nivel de desequilibrio entre izquierda y derecha no se debe exagerar por cuanto la mayoría de los académicos auto-describieron su posición ideológica en el espectro político como “moderadamente izquierdista”, en lugar de “extrema izquierda” y algo más de la cuarta parte de los politólogos de todo el mundo se identificó como “moderadamente derechista”.

La evidencia del estudio presentado configuró un Índice de Cultura de la Cancelación resumido, donde se reflejan variación de dirección según el tipo de sociedad en comparación y crecientes restricciones a la libertad de expresión académica con base en la experiencia, presiones para el conformismo ideológico y la aplicación de un discurso políticamente correcto. Los modelos comparables sugieren que en Estados Unidos y en 23 sociedades postindustriales, los politólogos auto-identificados de derecha eran más propensos a informar sobre una experiencia personal de empeoramiento de la cultura de la cancelación, y quienes se identifican como de izquierda en 78 sociedades en desarrollo informaron el mismo deterioro.

A pesar de la poca evidencia comparada, lo anterior podría atribuirse a factores tales como: el papel del desarrollo socioeconómico y la modernización, los patrones de la libertad de expresión, la democratización y el tipo de régimen en cada sociedad, la polarización del partidismo político, el rol de las remotas tradiciones culturales y los contrastes estructurales en las instituciones y en las políticas de la educación superior.

Otra explicación plausible puede estar soportada en el concepto clásico de la “espiral de silencio”, desarrollado hace casi cuatro décadas por Elisabeth Noelle-Neumann, según el cual por miedo al aislamiento social o a la pérdida de estatus, las personas no expresan sus opiniones auténticas para evitar contrariar a las normas sociales predominantes. En verdad, valdría la pena fusionar esta teoría con la Cultural Backlash: retóricas populistas autoritarias que han alterado la política en muchas sociedades, como Donald Trump en Estados Unidos y el Brexit en Reino Unido que han socavado la confianza pública de la legitimidad de la democracia liberal.

Datos de encuestas transnacionales y de series temporales, incluidas las Encuestas de Valores Europeas y Mundiales, demuestran que los valores socialmente conservadores suelen seguir prevaleciendo como opinión mayoritaria en muchos países en desarrollo. Se incluyen actitudes, creencias y valores sobre cuestiones sociales como la división de los roles sexuales entre mujeres y hombres, las identidades de género no binarias, la homosexualidad y los derechos LGBTQ, las opiniones tradicionales sobre la sexualidad, la familia y el matrimonio, la importancia de la religión y los sentimientos de nacionalismo y nativismo.

En contraste, el equilibrio en la opinión pública ha ido cambiando gradualmente en dirección más liberal y progresista hasta convertirse en la opinión mayoritaria en muchas sociedades postindustriales ricas de Europa Occidental y de América del Norte. Tales cuestiones presionantes del cambio han sido los derechos LGBTQ, la secularización, la igualdad de género, la diversidad étnica y la inclusión racial. Esta alteración ha alcanzado a los grupos de vanguardia como la generación más joven de estudiantes y las poblaciones de profesores con educación universitaria.

Procesos bien documentados del cambio cultural generacional a largo plazo en muchas sociedades occidentales significan que la proporción de quienes sostienen valores tradicionales socialmente conservadores han experimentado un punto de inflexión en las últimas décadas, a medida que el grupo pasa del estatus hegemónico a uno minoritario en los campus universitarios y en la sociedad. En últimas, está aumentando la polarización ideológica y partidista.

Por último, con base en indicadores desglosados del índice compuesto, resaltan algunos contrastes observables importantes: dado el predominio del liberalismo progresista en los campus universitarios, los profesores de izquierda pueden simplemente no ser conscientes de la experiencia de sus colegas más conservadores y negar por tanto el problema. Otro tanto dejaría ver que la intensa polarización sobre cuestiones de identidad política los hace poco comprensivos con esas afirmaciones. Entre los académicos de ciencias políticas, puntualmente se observa un consenso más amplio sobre el deterioro de la libertad académica para enseñar e investigar, lo que puede reflejar modificaciones estructurales más amplias tanto en la educación superior como en los cambios ideológicos.

Auto-críticas a este estudio WPS consisten en que la encuesta está restringida a la disciplina ciencia política por lo que no se pueden observar generalizaciones similares en disciplinas como sociología, economía, psicología social; en humanidades y ciencias naturales.

Además, cierra la pregunta a los académicos sobre su identidad ideológica y su experiencia directa frente a los cambios en la profesión. Esa practica prolongada es inseparable de la práctica de las percepciones a la academia pues aquellas per se son importantes para la construcción social de la realidad.

En consecuencia, sería útil realizar otras mediciones para explorar experiencias más profundas como por ejemplo, si los politólogos conservadores sintieron que no habían sido designados o promovidos debido a sus opiniones políticas, si habían participado en la organización de eventos públicos que luego se cancelaron o si alguna vez se sintieron incómodos al hablar en reuniones de la facultad o en el aula debido a sus valores.

De la pornovenganza a la violencia digital

El activismo quizás no ofrece justicia ni genera reparación al daño pero se ha convertido en multiplicador fundamental para prevenir, promover y fomentar la información y el contenido responsable compartido en las redes sociales

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En su cuenta de Instagram, la joven mexicana Olimpia Coral Melo se identifica como serrana, hija de Josefina, nieta de Teresa, Bisnieta de Olimpia. En el mundo presencial Naciones Unidas la reconoce como defensora de espacios digitales libres de violencia para niñas y mujeres, y los parlamentos de Argentina, Colombia y su país gestionan la Ley Olimpia.

Aquella norma es un conjunto de reformas legislativas acerca de la ciberviolencia: conductas de acoso, abuso y amenaza que atentan contra la intimidad y la honra personal. Se trata de contenidos publicados y distribuidos sin consentimiento o mediante engaño a través de archivos de video, audio, fotografía con contenido real o simulado, sexual e íntimo de la persona agredida.

Otra forma de violencia digital se genera con materiales impresos, comunicación por correo electrónico, mensajes telefónicos, expuestos, exhibidos, distribuidos, difundidos, reproducidos, transmitidos, comercializados, ofertados, intercambiados y compartidos, usualmente en archivos de imagen con el mismo contenido íntimo de una persona, a sabiendas que no existe aprobación previa.

Según contó la joven Olimpia al noticiero ONU, el 8 de marzo de 2023: “Nos unimos desde hace una década para entender nuestros propios contextos y poder hacer estrategias para que otras mujeres no vivan la violencia sexual y virtual que nosotras vivimos”. Lo constituido por la activista y su grupo de defensoras es un movimiento político integrado por diversas mujeres para enfrentar desde el amor, la resiliencia y la solidaridad, el acoso y la violencia digital.

El motivo que despertó la conciencia de Olimpia a sus 18 años fue la distribución, sin su consentimiento, de un vídeo íntimo donde ella aparecía desnuda y que su novio hizo viral en WhatsApp y después en Facebook, negando haber sido el responsable. Por el suceso ella se aisló, se encerró en su hogar, dejó de asistir a su escuela, ni salía a la calle, pero con el apoyo de su familia retomó su vida y comprendió que no era la única mujer, ni la última, quien sufría violencia digital en México.

Efectos de la violencia digital

Existen tres tipologías de violencia clasificadas por los teóricos: directa, la forma más visible sea física o verbal; estructural, manifestada con base en discriminación y marginación; y cultural, referida al ataque a los rasgos culturales y a la identidad colectiva. Así lo expuso en 1998, Johan Galtung, creador de la perspectiva y la metodología “Investigación sobre la Paz”, en su ensayo “Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia”.

Concretamente, la violencia digital está más ligada a internet y a las plataformas sociales por las expresiones que se intercambian libres pero a quienes son víctimas, aquel contenido les genera impacto negativo en sus vidas privada y social. Este tipo de violencia, que no deja marcas físicas, sí muestra huellas importantes en la víctima a nivel psicológico debido a la segregación social y a la automarginación.

Más allá, exhibir fotos o videos íntimos y privados sin consentimiento es delito contra la intimidad y la imagen personal, y cuando se agregan comentarios, negativos y ofensivos, en el muro de las cuentas en las redes sociales sobre las personas víctimas como en Facebook, X, Instagram, y en páginas en general de internet, esa ciberviolencia tiene el mismo impacto de la violencia física.

Para iluminar aquella violencia acosadora, intimidante, invisible en línea, lo primero es identificar y distinguir el contenido con amenaza, acoso, insultos. Son todos actos concretos y específicos pero intolerables, inadmisibles, violentos, que manifiestan por lo general una conducta hostil, intencionada, voluntaria, repetitiva y sistemática. Y claro, la persona víctima queda indefensa en la mayoría de los casos al no poder defenderse. El objetivo del acosador consiste pues en dominar física, verbal y socialmente a su víctima para aislarla y destruirla en el ámbito público. Por tanto, el agredido y su grupo social deben informar, contactar asesoría jurídica, interponer denuncias, mitigar ese progreso agresivo con terapia especializada en violencia contra mujeres o en violencia de género, según sea el caso.

Recogiendo acciones para fortalecer la seguridad digital, el gobierno colombiano ha incluido los programas del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones “Mujeres TIC para el Cambio”, que fomenta el liderazgo femenino a través de procesos de formación gratuita para la productividad, y “Ciberpaz”, que motiva a través de charlas el uso de la tecnología de manera consciente, empática, segura y responsable. Otras estrategias son algunas normas de regulación y de coordinación para bloquear las comunicaciones no autorizadas desde cárceles; el fortalecimiento del ColCert, un grupo de investigación y prevención sobre ciberseguridad y el proyecto de Ley que crearía la Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales. Por su parte, gobiernos locales, sociedad civil y varios actores del ecosistema TIC han emprendido lentas acciones. La gobernación de Caldas, junto al centro de desarrollo tecnológico Bios, por ejemplo, en el último año, han venido impulsando el proyecto Hub de Ciberseguridad, y los centros de Inteligencia Artificial y de operaciones de seguridad.

Con base en una encuesta de 2017 que Amnistía Internacional encargó a Ipsos Mori se analizaron las experiencias de 500 mujeres entre 18 y 55 años de edad en Dinamarca, España, Estados Unidos, Italia, Nueva Zelanda, Polonia, Reino Unido y Suecia.

Casi una cuarta parte (23%) de las encuestadas dijeron haber experimentado abuso o acoso en línea al menos una vez; 41% de ellas abusadas o acosadas en línea dijeron que, al menos en una ocasión, esas experiencias las hicieron sentir amenazadas por la inseguridad física; poco menos de la mitad (46%) de quienes habían sufrido abuso o acoso en línea respondieron que el ataque era de naturaleza misógina o sexista; más de la mitad (58%) de abusadas o acosadas en todos los países dijeron que su ataque había incluido racismo, sexismo, homofobia o transfobia y 59% de quienes habían sufrido abuso o acoso en línea dijeron que la violencia provenía de completos desconocidos.

En Colombia los datos reportados por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, entre 1980 y 2016, más de 17.000 mujeres y niñas fueron víctimas de violencia sexual relacionada con el conflicto armado. El Centro Cibernético de la Policía recibió en 2022 denuncias por casos de sextorsión (62), por ciberacoso (325), por injuria o calumnia a través de redes sociales (676) y por amenaza (972). Según Ranking PAR en 2024, 60% de las mujeres entre 18 y 40 años de edad asegura haber sido acosada a través de medios digitales. El Observatorio de la Democracia y la Universidad de los Andes encontraron que “25.5% de las periodistas mujeres participantes en su investigación ha sido víctima de agresiones por violencia de género a través de canales digitales debido a su trabajo". Y para echar sal a esa herida, el Presidente de la República las califica de “muñecas de la mafia” sin determinar justificación objetiva alguna.

Según dan a conocer especialistas, como la doctora en Biomedicina Feggy Ostrosky, “nuestro cerebro registra la violencia y las amenazas virtuales como si fueran reales”, siendo sus efectos inmediatos: ansiedad, depresión y dependencia, lo que puede generar actitudes violentas hacia los demás o hacia sí mismo.

Retomando los resultados de Amnistía Internacional, 63% afirmó que no había podido volver a dormir normal desde el abuso o acoso en línea, 61% de quienes dijeron haber sufrido abuso o acoso en línea en todos los ocho países de la encuesta experimentó menor autoestima o pérdida de confianza en sí misma, 56% dijo que el abuso o acoso en línea les había impedido concentrarse durante largos períodos de tiempo y 55% dijo que había experimentado estrés, ansiedad o ataques de pánico después de sufrir abuso o acoso en línea.

Mitigaciones contra la violencia digital

La violencia digital la compone una amplia gama de agresiones: vulneración de los datos personales sensibles, privado o semiprivado; propagación pública de información falsa; divulgación de información engañosa; transmisión de mensajes de odio; difusión de contenido digital íntimo no consentido; acoso; hostigamiento; amenaza.

De manera que compartir información con alguien, por ejemplo la pareja o alguien de confianza, significa de entrada dar probabilidad a la ausencia del consentimiento. Un comportamiento humano frecuente debido a que no advertimos previamente en la protección de nuestros datos personales, que por Ley reconoce y protege el derecho de todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones susceptibles de tratamiento por entidades públicas o privadas.

En Suecia 57% de las mujeres encuestadas para Amnistía Internacional afirmó que las políticas de gobierno para enfrentar el abuso eran inadecuadas, alrededor de un tercio de las mujeres en Reino Unido (33%), Estados Unidos y Nueva Zelanda (ambos 32%) afirmaron que la respuesta policial al abuso en línea era igual de inadecuada. La encuesta también indicó que menos de la cuarta parte (18%) de las mujeres en todos los países dijeron que las respuestas de las empresas de redes sociales eran muy, bastante o completamente adecuadas.

Defensores digitales recomiendan: no compartir links donde se exhiba violencia ya que se podría contribuir indirectamente con la viralización; denunciar el contenido en la misma plataforma digital; enviar a la red social el pantallazo para su revisión como prueba indiciaria; reportar desde diferentes cuentas para alertar el algoritmo hasta que se elimine el contenido. Por su parte, Amnistía Internacional ha venido solicitando a los gobiernos que garanticen la existencia de leyes, políticas, prácticas y formación adecuadas para prevenir y poner fin a la violencia y al abuso en línea contra las mujeres, sin imponer restricciones o sanciones indebidas al legítimo ejercicio de la libertad de expresión.

Los países de Latinoamérica donde una ley Olimpia no ha sido aprobada y las mujeres siguen sufriendo violencia digital, también pueden tomar acciones legales dentro de su marco legislativo existente, porque seguramente sobreviene el delito de extorsión. Se trata de encuadrar la conducta del acoso, la amenazas y de otro tipo en la figura legal. Por tanto, el proceso no es fácil pero la justicia debe superar el miedo a la usual cultura de violencia contra la mujer o la violencia de género, y las personas víctimas acceder al sistema ya que mientras más se ejerza el derecho de la denuncia y cuanto más se exija, se impulsarán dichos mecanismos hacia su perfección.

Otras medidas de seguridad digital extremas que protegen la privacidad digital, a saber: siempre utilizar dispositivos con contraseña actualizada por lo menos cada trimestre; nunca revelar esas contraseñas ni almacenarlas en la memoria informática; decididamente crear contraseñas secretas, complejas y seguras o activar la verificación en 2 pasos; definitivamente evitar la misma contraseña para todos los accesos a internet; periódicamente actualizar el software del dispositivo y de las aplicaciones activadas; incesantemente evitar el robo o la pérdida del dispositivo; habitualmente revisar las aplicaciones no instaladas; continuamente administrar la configuración de ubicación permanente en el dispositivo y sobre todo, constantemente bloquearlo en tiempo de descanso o de manera remota.

Educación en igualdad de género

Aunque se refuerce la seguridad digital, la violencia contra las mujeres es estereotipo del carácter social, que influye y fomenta la discriminación de género. Lo actuado en esencia por Olimpia Coral Melo ante la violencia digital contra las mujeres es promover el ejercicio de los derechos humanos y de los valores originado en relaciones de respeto mediante la educación desde la infancia en temas de igualdad y de equidad.

No vale solo reconocer la violencia digital como una modalidad de agresividad contra la mujer y el género sino que debe ser visibilizada, prevenida, inhibida y castigada mediante leyes que respalden el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia con base en el género. De allí que la sororidad sea clave para erradicar la violencia digital contra mujeres y dejar de estigmatizar el tema. Ha repetido la joven Olimpia, “no quedarse callada sino alzar la voz, buscar ayuda profesional, proceder y actuar conforme la ley” y, algo de su mensaje, ha calado en la sociedad regional.

Tres países de Latinoamérica han reconocido el triunfo de la Ley Olimpia en el orden de fortalecer algunas bases sociales para transformar creencias, estigmas, prejuicios, roles y estereotipos que oprimen a las mujeres y que las colocan en especial vulnerabilidad cuando su intimidad es expuesta de forma explícita y pública.

El gobierno de México, desde abril de 2021, promulgó la Ley que colocó un tema invisible en su agenda pública y la academia ha empezado a estudiar debido a la lucha social organizada a través del Frente Nacional para la Sororidad, Defensoras Digitales y muchas otras colectividades feministas.

En Argentina, en octubre de 2023, el gobierno legalizó la Ley incorporando la violencia contra las mujeres en entornos digitales como un modo de violencia de género y determinó medidas cautelares de protección para que la justicia ordene a las plataformas digitales eliminar el contenido que genera violencia.

El Congreso de Colombia abrió un espacio de diálogo el pasado 17 de septiembre de 2024 para modificar ciertos artículos del Código Penal y de la Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Entonces el proyecto de ley penalizaría la creación, difusión, sustracción y distribución no consentida de material íntimo erótico o íntimo sexual en redes sociales y sancionaría las conductas relacionadas con creación, difusión, sustracción y distribución no consentida de material íntimo erótico o íntimo sexual.

No obstante, durante la tercera semana de septiembre 2024, en una peripecia política, el ministro de las TIC de Colombia asistió al Congreso de Seguridad Nacional donde aseguró que “El Hub de Ciberseguridad que se desarrolla en Caldas, el proyecto de ley para la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales y el fortalecimiento del ColCert hacen frente a las ciberamenazas”. Mientras tanto, dando vuelta a la tortilla, en el segundo Encuentro de Medios Alternativos, Comunitarios y Digitales, que reunió a 1.500 periodistas y comunicadores de todo el país, el mismo titular de aquella cartera se comprometió a fortalecer a los medios alternativos mediante la Ley de tercios: destinar 33,3% de la pauta oficial para la financiación y abrir dos convocatorias por $15.000 millones para invertir en contenidos y equipos, y para la creación de 300 nuevas emisoras comunitarias. ¿Y su regulación? Sigue girando en el Congreso.

Los medios sociales son propicios para la cancelación

La cultura de la cancelación como acción pública viene siendo ejecutada por terceros, quienes condenan al ostracismo a personas incómodas o transgresoras por su postura política, y debido a la virtualidad de los medios sociales se convierte en etiquetas de supervisores

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El escenario más común de la cancelación es el medio social donde, por supuesto, las protestas y la negación son actos reiterativos del ciclo de la sanción que contribuyen a ignorar los procesos de la convocatoria a la cancelación y de la defensa activa de la cultura de la cancelación. No obstante, lugares de concurrencia física y pública como campus universitarios, ferias, auditorios, museos, tiendas, teatros, también son dimensiones propicias para ejercer la cancelación como un enfoque de la retribución desde el cual se imparte justicia propia.

Regularmente el código “ojo por ojo”, entronizado en la creencia, se ha mantenido a lo largo de la historia en las religiones pues “más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno”. En la tradición cristiana, verbigracia, el castigo a Adán y a Eva fue su expulsión ​​del jardín del Edén al momento en que violaron las reglas de Dios. En el Corán, el retribucionismo es solo para aquellos desobedientes o malvados, en el Dhammapada budista es consecuencia de las malas acciones y en el Bhagavadgita hindú se obtiene por el mal karma.

El mundo tangible ha sido testigo presencial de clases de justicia retributiva: quema de libros en plazas, degradación de editores por aprobar títulos, despidos de periodistas cuando se desvían de la línea editorial del medio y agresiones o vituperios a colectividades en lugares públicos. Lo más impactante de la cancelación ha sido remover al individuo de su cargo, prohibir su entrada o su discurso, dejar de nominarlo en un corporativo, negarlo o bloquearlo en las cuentas de los medios sociales y hasta cancelar su contrato laboral.

Eso último le ocurrió al vendedor Daniel Maples el 27 de junio de 2020, luego que los clientes dentro del Costco Gulf Coast Town Center de Fort Myers (Florida: USA) le pidieron usar el tapabocas para protección al Covid. Su respuesta fue gritar “Me siento amenazado” y avanzar hacia los clientes. Uno de aquellos, un director local de cine, lo grabó en video que publicó en Twitter y en menos de 24 horas la identidad del hombre ya había sido revelada. Afrontando el riesgo a la reputación corporativa, su empleador ─Ted Todd Insurance─ y un ejecutivo de la empresa, Charley Todd, anunciaron que Daniel había sido cancelado de su trabajo.

En otras ocasiones la cancelación es un modo personal que asume un individuo contra un amigo o conocido. Por ejemplo, el actor Daniel Radcliffe, quien interpretó a Harry Potter, se distanció de la posición de la autora cuando ella habló en público contra las mujeres transgénero. Críticos de la cancelación han denunciado esta práctica elevándola a un generalizado cambio cultural y referida como cultura de la cancelación. Estos censores, situados a menudo en la derecha ideológica, en ocasiones perciben la cancelación como un repudio reaccionario de los progresistas y una guerra contra las ideas conservadoras del activismo digital.

Ante los hechos, la cancelación es realizada únicamente por terceros quienes se autodeterminan ‘Supervisores’ de las normas legales y morales y, por tanto, asumen el derecho de transgredir enviando al cancelado al ostracismo.

La escritora afrocanadiense musulmana, Sarah Hagi, preguntó en noviembre de 2019 por la revista Times si ¿la cultura de la cancelación ha ido demasiado lejos? Para ella, “no es real, al menos no de la forma en que la gente cree”. En cambio, afirma que se ha convertido en un comodín cuando las personas con cierta notoriedad enfrentan consecuencias por sus acciones o reciben del público cualquier tipo de crítica.

Como flagelo por la difamación, la cancelación es un distorsionado punto de vista del Derecho a la Libertad de Expresión y una autoapropiación del Principìo de la Retribución ya que solo la institucionalidad que ejerce justicia bajo normas legales del derecho constitucional puede procesar a los individuos. Mientras que, como etiqueta, la cultura de la cancelación se materializa en medios sociales y en escenarios físicos, lo cual repercute en el entorno privado, personal y social del cancelado afectando su vida profesional y personal.

Por tanto, con base en la teoría de las normas sociales, y siendo cual fuere la perspectiva de la cancelación, las consecuencias consisten en excluir a sujetos por violar normas morales y en retirar apoyos a figuras públicas o a empresas por algo individualmente objetable. De modo que la cancelación y la cultura de la cancelación son acciones desiguales, en tanto las repercusiones de una y otra no afectan por igual a las personas canceladas, como los casos del tendero en Florida y del actor británico.

Repitiendo, el evento de cancelar es promulgado por la gestión de terceros quienes se apropian del manto de la supervisión mientras que, en la cultura de la cancelación subyace algún elemento de la teoría de las normas sociales interpretado de modo estropicio. Pero ambas actitudes generan efectos por la exclusión del cancelado.

Si bien ese aislamiento sufrido por la cancelación se inicia con una exposición difamatoria del individuo cancelador termina con otras formas sociales más violentas y discriminatorias para el cancelado, tales como: recopilar y publicar información suya o de su grupo, sin sus consentimientos, con el objetivo de dañar su trayectoria pública y profesional (doxing); negar la oportunidad a alguien para aportar sus ideas públicamente porque el cancelador cree que esas creencias son peligrosas o inaceptables (deplatforming) o las más recientes: denigrar a las mujeres blancas irritantes y abusadoras por sus privilegios o denunciar situaciones racistas provocadas por mujeres blancas (Karen), como ha acontencido desde el surgimiento del movimiento Black Lives Matter.

Algunas motivaciones

1) Cuando produce exclusión, la extendida cultura de la cancelación sobrepasa al Derecho a la Libertad de Expresión por ser un juicio arbitrario no objetivo y por cuanto el resultado de la acción es la proscripción a un individuo con su consiguiente afectación personal, familiar y social. Con esa oportunidad se reconoce que el cancelador confronta las normas sociales con sus propias reglas morales, que hace predominar.

Un primer asunto del sistema teórico de las normas sociales analiza la cancelación protegida por una libertad de expresión absoluta: el cancelador ejerce su acto con el poder de la manipulación sobre la persona denunciada y lo convoca a través de la mediación entre los miembros del medio social, publicando iniciales mensajes de denuncia sobre el punible comportamiento transgresor. Por tanto, con base en la cuestión jurídica general del Derecho a la Libertad de Expresión en sentido amplio, la justificación demostrable de esta cancelación impone estudiar si las limitaciones a la libertad de expresión pueden estar “argumentadas en una sociedad libre y democrática” mediante una legislación de incitación al odio.

En las ocasiones moderadas, el Derecho a la Libertad de Expresión ofrece sensibilidad, solidaridad y hasta educación ya que protege del malestar que ocasiona aquella cultura al leer angustiantes respuestas en medios sociales acerca de la culpa de las víctimas, la humillación a las putas, los chistes sobre violaciones, etc.

Una propuesta de Michalinos Zembylas, profesor de Teoría de la Educación y Estudios Curriculares en la Universidad Abierta de Chipre, se encauza a que ─además de enfatizar el pensamiento crítico, la alfabetización mediática, el debate y la argumentación─ “los programas de formación docente destinados a orientar a los profesores para que aborden la cultura de la cancelación, deben evitar reproducir esas formas en que las redes sociales la enmarcan con rutinas individualizadas y psicologizadas e instar a prestar atención ante las cuestiones estructurales de segregación e injusticia”.

2) Desde los estudios de medios comparados, Jose van Dijck ─autora, investigadora y profesora de la Universidad de Ámsterdam─, en su ensayo de 2013, “La cultura de la conectividad: Historia critica de los medios sociales” descifraba el compromiso oculto de cada plataforma, así: Facebook mantiene el imperativo de “compartir”; Twitter reproduce la paradoja entre “seguir” y “marcar tendencias”; Flickr se balancea entre la comunidad y el comercio; YouTube exacerba el vínculo íntimo entre televisión y comentar videos. De manera que preguntaba, ¿Cuáles son los detalles culturales e ideológicos de este ecosistema que al parecer lo interconecta sin fisuras?

En efecto, las prácticas en línea son meras bases algorítmicas de una socialidad para quedar atrapados, el régimen de propiedad privada de las tecnológicas es una integración vertical de la interoperabilidad donde consumimos cercados y los intentos fallidos por abandonar la conectividad no dejan salida debido a la ideología circulante. En últimas, “las conversaciones digitales” se han dirigido hacia sucesos plenamente subjetivos que confunden expresión personal propia de la democracia liberal con mercantilización de la peculiar identidad, afectando por tanto los derechos a la intimidad y la honra.

3) Desde la ciencia política también se estudian las perspectivas de la confianza pública en los sistemas democráticos. Para la politóloga Pippa Norris de Harvard University, la cancelación expresada por los progresistas se está apoderando de los campus universitarios al silenciar las voces conservadoras y los panoramas diversos en cuestiones de racismo, etnicidad, acoso sexual, misoginia, identidades de género no binarias y transfobia.

Así lo evidenció en el proyecto que moderó entre enero de 2023 a diciembre de 2025, “Trust in European Democracies”. Fue una investigación científica comparativa integral en 12 países de la Unión Europea (UE), incluida Ucrania, sobre las percepciones de la confianza y de la credibilidad públicas. Es decir, la confianza política considerada factor de estabilidad del régimen se asocia con las democracias representativas.

Por tanto, cuatro dimensiones enmarcaron el impacto del proyecto, i) comunicacional: facilitar el establecimiento de un nuevo paradigma de confianza política y la aparición de nuevas ideas sobre los orígenes multifacéticos de la confianza política mediante la publicación de los resultados en medios académicos; ii) político: debido a esas nuevas referencias, reactivar la gobernabilidad democrática y un marco normativo para mejorar la rendición de cuentas, la transparencia, la eficacia, la fiabilidad de las instituciones políticas y la agenda nacional y de la UE con el fin de estabilizar y consolidar las instituciones; iii) económico: preveer una reconstrucción del capital social vertical con alta cohesión social y baja conflictividad; y, iv) misión general: obtener mayor participación de los ciudadanos y de la sociedad civil mediante la educación, la comunicación política, el pluralismo de los medios de comunicación, las campañas de ONGs, entre otras.

4) Un cuarto itinerario al estudio del peligroso reproche a conductas que no constituyen delitos se relaciona con el derecho penal a partir del poder punitivo sin regulación. La cultura de la cancelación se puede convertir en ejercicio arbitrario de la fuerza excluyendo así la jurisdicción del Estado, que mantiene el orden en el complejo sistema social y lo utiliza para proteger bienes jurídicos indiscriminados ante agresiones injustificadas.

La causa visible de aquel actuar por fuera de las vías legales para conseguir un derecho propio produce que los debates se construyan dentro de los medios sociales, como ocurre en X (antes Twitter), en la plataforma rusa Telegram, en la red social de origen chino TikTok, entre otros. Esos contenidos atraviesan las barreras geográficas, llegan a más cantidad de usuarios localizados en diferentes partes del mundo y pueden también influir en el aumento de la participación social de la cancelación. El motivo invisible, por el contrario, ocasiona que “no siempre advertimos que tales debates en alguna medida se van volviendo irrelevantes ante las nuevas formas de comprender y de analizar el mundo”, según se lee en el libro “La vida en línea: El impacto de las redes sociales en todo lo que hacemos” del Licenciado en Derecho, Miguel Carbonell.

No obstante, una sistematización de casos de cancelación da cuenta de tres vertientes de defensa desde el cancelado: una conducta no condenada pero con repercusiones y reproches severos para quien cancela; un comportamiento inmoral de escasa gravedad penal; y comportamientos ilegales que no ameritan pena.

Ejemplo del primer escenario es el suicidio el 31 de agosto de 2019 en Winnipeg (Canadá) del desarrollador de juegos Alec Holowka quien fuera acusado en redes sociales de abuso físico, sexual y sicológico por su pareja sentimental Zoë Quinn. Al divulgar su violencia íntima en las campañas de ciberacoso, usando los hashtags #gamergate y #Metoo, fue cancelado en su trabajo y en su vida social. Su situación depresiva entonces lo llevó al suicidio sin que fuera escuchado o hubiera podido defenderse de las acusaciones ante un juez, invocando un proceso penal.

Con base en las noticias publicadas la primera semana de septiembre de 2019, por Diana Davison en Post Millenial ─“Allegations that led to Alec Holowka’s suicide need proper scrutiny”─ y Rick Rottman en su blog bentcorner ─“Zoë Quinn accuses Alec Holowka of sexual abuse, he then kills himself”─, las declaraciones de la expareja fueron tardiamente borradas de las redes pues el tribunal de la opinión pública ya lo había sentenciado.

Los comportamientos inmorales de escasa gravedad penal para el cancelado también son ilustrativos. Resulta que el 9 de noviembre de 2017, The New York Times informó que cinco mujeres comediantes acusaron al actor y escritor estadounidense Louis C. K. (Louis Alfred Székely) de proponerles que lo vieran masturbarse. Ese mismo día, el propio actor admitió su culpa y expresó remordimiento por el daño causado y el abuso de poder. No obstante, las distribuidoras de sus películas cancelaron los estrenos, su espectáculo en vivo “The Late Show with Stephen Colbert” también fue cancelado, HBO canceló su presencia en un especial benéfico para la televisión y eliminó de sus servicios on-demand sus comedias, la compañía The Orchard anunció que no iba a distribuir “I Love You Daddy” y dos coprotagonistas de su película dejaron de participar en la promoción del filme. Aún hoy se le critica y acusa por su comportamiento del pasado, según informa el portal well+good.

De la última vertiente fue protagonista el reconocido golfista Eldrick “Tiger” Woods, quien el 27 de noviembre de 2009, después de su accidente de tránsito, informó sobre su repetida infidelidad a su esposa, la modelo sueca Elin Nordegren. Ese comportamiento íntimo lo obligó a pagar el incumplimiento de su contrato matrimonial pero la esfera pública criticó al deportista fuertemente y muchos de sus patrocinadores lo cancelaron, según divulgó en Bleu Magazine, el periodista Justin Wallace.

5) El actual dispositivo de control social se asienta en la cultura de la cancelación desde imperativos morales, como alternativa frente a la ineficacia y/o la complicidad de las instituciones judiciales al no fallar las denuncias.

Para la Sociología, durante la sindemia del Covid-19, bien pudo ocurrir la supremacía del móvil y el crecimiento de la audiencia en internet como consolidación de una nueva modalidad del poder. Una posible causa estribaría en la no existencia de la interpelación discursiva de los sujetos [leáse como no se debaten argumentos] y que, en el último lustro, ha habido radicalización de las posturas político-ideológicas debido a la crisis económica y a las nuevas legislaciones y normativas post-pandémicas.

Aunque la medición del consumo digital no indica relación con el enjuiciamiento comunitario, el informe “Perspectivas del escenario digital latinoamericano” de Comscore revelaba, entre marzo a septiembre de 2020: “alto incremento en las cifras de páginas web vistas en Argentina, Brasil y Perú”, “185% más de personas informadas en últimas noticias por internet en Argentina, Brasil y México”, “334 horas de tiempo promedio por visitante web en Argentina, Brasil y México”, “las categorías de mayor consumo digital en América Latina fueron: mensajería instantánea, 127%; educación, 64% y noticias sobre negocios y finanzas, 56%”; “las aplicaciones colaborativas en la región tuvieron un alza sostenida durante la sindemia, siendo Zoom la de mayor crecimiento 2,711%, Telegram 71% y Google Meet 44%”.

Límites al reproche

De la misma manera en que el derecho penal sincroniza la justicia con base en los límites al judicializado por presuntamente cometer un delito ─como la presunción de inocencia, el debido proceso, la proporcionalidad entre pena y daño ocasionado, etc.─ la cultura de la cancelación los debe respetar por igual. Pero por el contrario, viraliza el error y elimina al sujeto lo que termina desprotegiendo sin justicia al cancelado, sus prerrogativas y otorgando a otros sujetos el poder de juzgar y condenar. Así se configura por la fuerza el tribunal de la opinión pública.

Además, el absolutismo de ciertas orientaciones comunes y el extremismo de los discursos por el sesgo ideológico son factibles de ser calificados “proliferación de dispositivos para la cancelación”. De esta manera el profesor argentino, Jonathan Enrique Prueger, licenciado en Sociología y becario del Instituto de Investigaciones Gino Germani/Conicet, lo conceptúa: los dispositivos de cancelación potencian radicalizaciones totalitaristas de registros ideológico-culturales, y al ser ejecutados suscitan la reactualización de los imperativos categóricos morales relacionados con las conductas.

La conclusión que expusó Prueger, en la XI Jornada de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina), es que operar la cancelación mediante los discursos y las creencias genera “la eliminación del opuesto ─y desde allí profundizan una fractura social de lo inconciliable─ e inician dinámicas punitivas y de vigilancia”. Por tanto, aceptar la “proliferación de dispositivos para la cancelación” equivale a asumir el imperativo moral fundamental de la utopía de la positividad, orientada a la supresión de la contradicción, la disparidad y la alteridad.

Prueger insiste que aquellos dispositivos de cancelación ─pregonados desde los auges que caracterizaron al primer año pandémico─, expresados a través de contenidos en los medios sociales y a instancias del contagio digital y del juzgamiento moral intersubjetivo, configuran descargas controladas y redireccionadas de malestares cada vez mayores inherentes a nuestras sociedades neoliberales occidentales, alimentadas de fetichismos sociales y que, el cancelador cree, resuelven los problemas estructurales sociales al expulsar a sujetos concretos. De nuevo, la vuelta de esquina a la ley de Talión: “si tu mano te hace pecar, córtatela”.

En complemento, Prueger sintetiza tres oportunidades primordiales de espontáneas dinámicas de autorregulación para este tipo de violencia en la sociedad con gran protagonismo de las plataformas digitales: “un primer momento es el señalamiento de la falta de un agente hacia otro” (esta idea proviene del redactor de grist, David Roberts: ante la posibilidad que la acusación sea falsa, es inevitable referirse a la posverdad); un segundo momento son “la enunciación y la legitimación de un discurso ‘intersubjetivo’ que pregona la inadmisibilidad de determinada conducta”, siendo este una dinámica signada por el contagio digital y el juzgamiento moral; y la tercera instancia es la “denuncia, condena y linchamiento digital, lo cual configura el escenario final de la cancelación o muerte digital”. En cualquiera de los tres tiempos la autoconsciencia de los usuarios de medios sociales puede silenciar los mensajes al confrontar, desmentir y dejar de compartir esas etiquetas de los supervisores.

Algunas otras maneras de contrarrestar las consecuencias nocivas de la cultura de la cancelación, que seguirá imponiéndose como ahogo social, es mediante la educación sobre el principio de proporcionalidad entre la ofensa y el castigo.

De nuevo, el trabajo investigativo de Pipa Norris contribuye a responder el interrogante, ¿Se observan diferencias entre ideas de izquierda y de derecha en los académicos? Con base en la encuesta “The World of Political Science, 2019” ─que recopiló 1.245 respuestas de politólogos que estudiaban o trabajaban en 23 posgrados en sociedades industriales de Estados Unidos, Europa y Australasia─ se proporcionan comparaciones transnacionales que indican “Hay experiencias notablemente similares en una variedad de sociedades postindustriales, especialmente en las democracias angloamericanas, que comparten tradiciones históricas y sistemas de educación superior similares”.

Por lo tanto, el patrón estadounidense de quienes están en la derecha ideológica notifica las peores experiencias de la cultura de la cancelación siendo claramente reflejado también en Canadá, Australia, Reino Unido, Alemania, Italia, Países Bajos, Rusia y, en menor medida, Suecia. La excepción es Nigeria donde no hay diferencias significativas entre izquierda y derecha en los profesores universitarios.

Este índice de la cultura de cancelación en las democracias angloamericanas se creó combinando tres elementos ─libertad académica para enseñar e investigar, respeto al debate abierto desde diversas perspectivas y presiones para ser políticamente correcto─ subyacentes a la pregunta, “A menudo se piensa que la vida académica está en estado de cambio. Utilizando la escala (mejoró mucho, mejoró un poco, no hubo cambios, empeoró un poco, empeoró mucho) y basándose en su propia experiencia, indique si cree que la calidad de aquellos tres aspectos en la vida académica ha cambiado en los últimos cinco años”.

Percepciones y Usos de Internet

Opiniones y comportamientos generales de los colombianos comparativos mediante los cambios en las mediciones desde 2017

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La encuesta ciudadana elaborada por el Centro Nacional de Consultoría a pedido del contrato de la empresa .CO Internet SAS deja por lo menos cuatro conclusiones ante las versiones anteriores desde 2017: mayor aprendizaje de información digital en los consumidores, moderados ascensos en las acciones digitales contra la pareja y los hijos, leves descensos en la intromisión de los padres a las cuentas on line de sus hijos y en la sensación de seguridad y desplazamiento de las web page por las redes sociales para el comercio.

El cuestionario digital contestado por 1040 hombres y mujeres entre 18 a 60 años de edad, durante el 13 de diciembre de 2022 al 2 de enero de 2023, evidencia que el uso de internet en Colombia tiene por objetivo buscar amigos o pareja (5,8%) −en el último lustro se mantuvo relativamente igual a 6,3%−, buscar empleo (4,6%) y comprar en línea (4,3%) -ambos desde 2017 venían a la baja quedando en 4,5%−.

Los encuestados siguen considerando que la Red es un derecho (96%) pero con un ligero decrecimiento de ser libre sin restricciones: el si redujo de 60% a 53% mientras que el no aumentó de 38% a 43% en el último año.

Comercio en línea

Al respecto, la encuesta evidencia incremento de compras, favorabilidad de otras herramientas distintas a las páginas web y fortalecimiento de las percepciones en la seguridad personal. En efecto, 92% hizo compras online en el último año lo que mantiene la tendencia al alza del lustro y aumenta las transacciones por género (compran más los hombres), por edad (hay más compradores entre las poblaciones de 18 a 31 años de edad y entre 46 a 60 años) y por estrato social (los que más adquiere son el 1, 2, 5 y 6).

También se prueba otra tendencia en la herramienta preferida para compras. Ahora las aplicaciones desde celular han aumentado (78%) en comparación a la medición del año anterior (56%) pero en ventas, el canal más efectivo siguen siendo las redes sociales que se mantienen en 58%.

De otro lado, la idealización de seguridad durante la operación de compras cayó de 75% al 67% entre las dos últimas mediciones mientras que se incrementó la percepción que por la web page se estafa (78%), se roba la identidad (74%) y se suplantan perfiles (63%). De ahí que se prefieran las Apps.

En cuanto a emprendimientos, el sondeo del último año presenta incremento en los activos digitales de la empresa para promoción en redes sociales (83% ante 80%, en la encuesta de diciembre 2021 a enero 2022) y cambian las barreras que impiden el negocio en línea. Ya no carencia de recursos económicos (50% en la última encuesta) sino ausencia de la actividad económica ingresada a lo virtual que ascendió de 42% a 57% en el mismo lapso.

Protección a menores

A pesar del reducido descenso del fisgoneo de los padres ante sus hijos cuando están activos en línea, aquellos han venido entendiendo dos estrategias de protección a los hijos, al menos: configurar controles parentales (en ascenso: de 53% a 55% el último año) y dejar de revisar el historial en internet (de 65% descendió a 54% durante el lustro 2017 a 2022).

Los padres con hijos consideran que la edad mínima de acceso para su crío debe estar entre 14 a 17 años de edad (hay repunte de 48% a 51% entre las dos últimas mediciones) para acceder libre a internet y para ingresar solos a redes sociales, también con un sutil incremento (de 59% a 61% en el lapso citado).

Lo que se conserva al alza es el acoso o la ofensa en línea (de 8% alcanzó 11% en el último año). Sin embargo, viene cayendo la creencia que con la intromisión a las cuentas del hijo se le protege (de 92% se sitúo en 88% en la última medición) lo mismo sucede con la revisión de los contactos, de los mensajes en redes y de los correos electrónicos del hijo: de 74% decreció a 71% en la encuesta anterior.

Comportamientos seguros

En la actualidad, los consumidores encuestados se sienten algo menos seguros (55%) que el año anterior (58% y en ascenso desde 2017) al usar internet. Otras cifras indican que: se ha reducido la población que escribe y guarda contraseñas (de 58% y en ascenso desde 2017 pasó a 55%) e igual conducta muestra el acceso a las cuentas compartidas con la pareja (de 36% y en ascenso desde 2017 pasó a 29%).

El punto del impacto de las tecnologías en las relaciones de pareja, calificadas como “complican” el compromiso, se ha incrementado de 46% (venían cayendo desde 2017) a 52%. Así mismo han subido las acciones cometidas en línea contra la pareja, de 39% y en ascenso desde 2017 cerraron en 41% en la encuesta del 2022. Y así mismo asciende el acceso a web pages o Apps para conocer personas, de 47% en descenso para el lustro terminaron en 49%.

Nuestros derechos de consumidor vulnerados ante compras digitales

Los medios para compras digitales se otorgan poderes posteriores a la transacción en detrimento del consumidor, por lo tanto “lee por favor”

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Un informe de los profesores de Leyes, Aaron Perzanowski y Chris Hoofnagle, sostiene que “los Términos de Uso y los Acuerdos de Licencia del Usuario Final (EULA) asociados con bienes vendidos por medios digitales generalmente restringen el legado de esos bienes para todo tipo de transferencias.” Por eso es más que conveniente conocer qué se adquiere cuando se compran intangibles en línea.

En la práctica actual los compradores no adquirimos ningún producto digital sino una licencia de uso limitada muchas veces hasta que se indique específicamente lo contrario, lo que nunca sucede. La venta masiva de libros, música y películas analógicas dejó de existir, aun cuando hay algunos renacimientos. Ayer la compra estaba materializada con tapas duras, acetatos de vinilo y cintas VHS. Ahora se adquieren licencias de usuario final que contienen palabras clave distribuidas en una extensión textual del tipo:

1. "no puede vender, alquilar, arrendar, distribuir, transmitir, sublicenciar ni asignar ningún derecho sobre el contenido"; 
2. "no puede redistribuir, transmitir, asignar, vender, transmitir, alquilar, compartir, prestar, modificar, adaptar, editar, licenciar, transferir o usar de otra manera la música comprada"; 
3. "no puede transferir, redistribuir ni sublicenciar la Aplicación con licencia y, si vende su Dispositivo a un tercero, debe eliminar la Aplicación con licencia del Dispositivo antes de hacerlo"; 
4. "Usted no acepta modificar, alquilar, prestar, vender o distribuir los Servicios o el Contenido de ninguna manera, y no explotará los Servicios de ninguna manera que no estén expresamente autorizados".

Este es el mercado de los medios digitales, apropiado por empresas como Amazon con su tienda Kindle o Apple y su App Store o Google y su servicio en línea Google Play, por ejemplo.

De manera general, el consumidor no lee aquellas disposiciones al momento previo de la compra en línea de libros electrónicos, música en formato MP3 o películas por suscripción streaming. Entonces, las restricciones incorporadas las han apropiado los vendedores minoristas también.

Desvinculación de bienes tangibles y digitales

El mercado de la venta digital ha modificado el comportamiento legal que ampara a los bienes tangibles como libros de tapa dura, vinilos de música y CD y películas en cintas VHS o discos Blu-ray, donde la doctrina de la primera venta frente a la ley de derechos de autor garantiza a los propietarios del producto la transferencia del material como mejor les parezca. Fue el caso Kirtsaeng vs. John Wiley & Sons, Inc. del 2013 el que describió la regla de la primera venta como “una doctrina de derecho consuetudinario con una genealogía histórica impecable”.

Frente a las limitaciones de los derechos exclusivos, el código norteamericano U.S.C. § 109 del año 2012 ha afirmado que: “El propietario de una copia o fonograma en particular hecho legalmente bajo este título, o cualquier persona autorizada por dicho propietario, tiene derecho, sin la autorización del propietario de los derechos de autor, a vender o a disponer de la posesión de esa copia o fonograma de otro modo.” Sin embargo, tanto mayoristas como minoristas de bienes digitales arguyen dos razones para diferenciar las ventas de productos tangibles y archivos digitales: la transferencia de un archivo digital normalmente requiere la creación de una nueva copia y los bienes en medios digitales no se venden a los compradores; simplemente se obtiene una licencia.

Al respecto, Aaron Perzanowski y Jason Schultz, señalan cómo “los beneficios de la primera venta han dependido tradicionalmente de un solo disparador: la propiedad de copia de una obra.” Por su parte, los Términos de Uso de la Tienda Kindle de Amazon, sostienen que “El Proveedor del Contenido otorga una licencia, no vende el Contenido Kindle” y los de Sony Playstation Network, que “Todo el contenido y el software... están licenciados no exclusiva y revocablemente para usted... únicamente para su uso personal, privado, intransferible, no comercial y limitado a una cantidad reducida de Dispositivos Autorizados en el país en el que se encuentra su cuenta registrada… Usted no puede vender, alquilar, arrendar, prestar, sublicenciar, modificar, adaptar, organizar, traducir, realizar ingeniería inversa, descompilar o desarmar ninguna parte de la Propiedad”.

A pesar del cambio legal, el modelo de venta en línea se está aplicando a libros, videojuegos y otros medios, a través de suscripción por streaming y debido al entusiasmo de los consumidores por ahorro de espacios, bibliotecas en el bolsillo masivas de contenido multiformato, portabilidad y compatibilidad con variedades de dispositivos, etc. Se calcula que las tiendas en línea más comerciales −Spotify, Tidal, Apple Music, Netflix, Kindle Unlimited− incluyen cada una más de treinta millones de bienes tales como pistas de música, películas, libros electrónicos y hasta dispositivos exclusivos compatibles con aquellos archivos de bienes.

Otro tanto de motivación reciben los titulares de los derechos de autor. Algunas ventajas se relacionan con: limitar el impacto de mercados secundarios, agrupar contenido antiguo de bajo valor con títulos nuevos de alto valor, reducir la infracción de los derechos de autor, disminuir los costos de los acuerdos para series atractivas y no atractivas, aumentar los servicios de suscripción, achicar la piratería, etc.

Sin embargo, un segundo grupo de titulares de los derechos de autor identificados como creadores individuales han mostrado su desacuerdo con este modelo de venta, en particular por lo que denominan “tasas de regalías parsimoniosas” y a pesar de ser ambivalentes acerca de los ingresos y el gusto por la exposición, de la que no quieren aislarse.

En síntesis, la separación en el mercado en línea de productos tangibles y bienes digitales ha alterado la doctrina de la primera venta, los derechos de autor, los derechos de copia, la posesión del bien, la seducción de los consumidores, la motivación de los titulares por la autoría y hasta el significado de verbos como "comprar" o "licenciar".

El lenguaje del marketing

Toda la jerga anterior es para abogados, no para compradores en línea que buscamos satisfacer nuestros gustos estéticos con bienes digitales y llevarlos de modo ubicuo en los dispositivos móviles y almacenarlos localmente mediante tecnologías permanentes. Esta particular circunstancia no le importa al mercado de los intangibles.

Una causa es la extensión repetitiva y compleja de las licencias de uso para compras y el desconocimiento del consumidor acerca de los términos y condiciones de las tiendas que venden bienes digitales en línea. Abogados burlescos afirman que la economía se detendría si los consumidores leyeran todos los acuerdos en línea previa la adquisición del bien digital. Incluso el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John G. Roberts Jr., admitió en Canisius College en Buffalo, N.Y. cuando ejercía como presidente del Tribunal Supremo que, por lo general, él no lee la letra pequeña que los usuarios de computadoras deben aceptar antes de acceder a algunos sitios web. Un caso corporativo en este sentido se divulgó cuando Bob Dormon, escribió el 4 dic 2012, en el portal web Biting, que Adobe asume que el usuario promedio puede leer la licencia de 3.500 palabras en diez minutos, antes de su descarga del software Flash.

La mayoría de los consumidores actúan con base en la información incompleta, lo que los lleva erróneamente a asumir que los términos de los acuerdos de licencia no leídos y desconocidos son más favorables de lo que son en realidad. Así lo estudiaron en el escrito de 65 páginas The No-Reading Problem in Consumer Contract Law los profesores de la Escuela de Derecho y de la Escuela de Administración de Yale, Ian Ayres y Alan Schwartz, que muchos consumidores sufren del optimismo de los términos pues es tendencia “esperar que un contrato contenga términos más favorables de los que realmente proporciona”.

Es de deducir entonces que los consumidores anticipan que los términos les permiten prestar sus bienes digitales a amigos y familiares pero la realidad los golpea con la probabilidad exacerbada del lenguaje de marketing que envía una señal no concordante con la letra pequeña. Comprar no es adquirir un producto. Tampoco Licenciar es poseer los derechos de la primera venta. El dueño de los derechos de autor retiene el control sobre su obra hasta que sea vendida, luego de completada la transacción de compraventa, el control y la posesión de la obra pasa al comprador quien tiene derecho de vender o disponer de la obra legalmente adquirida pero sin reproducir la obra, ni copiarla. Se trata de un derecho a generar y gestionar la riqueza comunitaria de bienes y de obras intelectuales sobre la gestión de la abundancia común.

En los portales web de compra digital hay una desconexión entre lo que entienden los consumidores cuando hacen clic en el botón 'Comprar ahora' y aquellos términos de los acuerdos de licencia. Este sesgo del optimismo básico tiene comprensión más matizada y sofisticada para las transacciones en línea. Ben Sheffner de Motion Picture Association of America, citado en el documento White Paper on Remixes, First Sale, and Statutory Damages del grupo de trabajo en Política de Internet de la Comisión Federal de Comercio de EE.UU., dice: “yo creo que si le preguntas a la gente cuando va a un sitio a comprar una película, un libro o una canción, entiende bastante bien que en realidad no está comprando los derechos de autor; está comprando una licencia que les permite hacer ciertas cosas”.

En conclusión la compra de bienes digitales en el mercado en línea requiere comprender previamente los documentos EULA, que se pueden personalizar y así proteger el negocio no la adquisición del bien ni la transacción post-venta, que va en nuestro detrimento como consumidores.

Capitalismo de vigilancia: los medios calculados y financiados

Las empresas tecnológicas moldean nuestra conducta con base en los datos excedentes que vamos entregando y que el capitalismo de vigilancia los convierte en productos predictivos para reorientar el conocimiento hacia el poder instrumental

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La sociedad humana ha debatido tres temáticas eternas relacionadas con el conocimiento, la autoridad y el poder. Repasando la historia, cada generación ha asegurado su voluntad y su imaginación ante las nuevas amenazas pero ¿cómo hacerlo frente al entorno digital?, que es la actual lógica económica en la que la producción de bienes y servicios se subordina a una nueva arquitectura global de modificación conductual.

El libro-ensayo La era del capitalismo de vigilancia de Shoshana Zuboff, profesora emérita en la Harvard Business School y psicóloga social y socióloga, intenta alertar sobre el poder instrumental de los medios que alteran el comportamiento humano para el mercado digital. Son medios para la producción capitalista regidos por el diseño de protocolos automatizados para influir en la conducta individual, y modificarla. Por ejemplo, el experimento sin consentimiento a 689 mil usuarios que realizó en enero del 2012 Facebook sobre contagio emocional o el juego de realidad aumentada Pokemon Go para celular insertado en Google durante el verano del 2016.

La actual civilización informacional contiene “múltiples formas en las que la infraestructura computacional ubicua enriquece nuestras capacidades y posibilidades”, argumenta Zuboff. Pero también genera una división del aprendizaje social materializado en nuevas asimetrías del conocimiento y del poder. De modo que para Zuboff conocimiento, autoridad y poder “se hunden profundamente y subyacen a las necesidades de la vida cotidiana”, mediando en casi todos los modos de participación social. Dicha mediación ha engendrado espacios completamente nuevos de preocupación, peligro y violencia.

Ahora, el desafío social que inquieta es el derecho al tiempo futuro: retar las actividades del capitalismo de vigilancia que entiende las habilidades del individuo para pretender, prometer, imaginar y construir un porvenir.

Poder instrumental

Solamente en el entorno digital y en la lógica del capital de vigilancia se encuentran tanto el instrumento como la materialización de la infraestructura computacional ubicua. A este poder instrumental, Zuboff lo denomina “la transformación del mercado en un proyecto de certeza total o Gran Otro”, donde los jóvenes ya están experimentando esa destructiva dinámica debido a su apego por los medios sociales.

Entender el ciclo del proyecto de certeza total es sencillo. Gestionamos información y conocimiento a través de máquinas inteligentes, que recogen nuestros datos personales y excedentes privados para aprender de nuestra conducta y moldear nuestros comportamientos. Con los datos excedentes la computación ubicua genera productos de predicción automatizados, que para el capitalismo de vigilancia son la materia prima gratuita con la que identifican patrones de comportamiento y predicen acciones de los usuarios. Todo el bucle reorienta el conocimiento hacia el poder instrumental. Entonces, ya no se trata que el capital de vigilancia exprima un excedente de mis búsquedas, de mis compras o de mi historial de navegación. Se trata que los productos predictivos actualizados se comercian en mercados de futuros conductuales abarcando muchos sectores del mundo offline.

En cuanto a las capacidades individuales para pretender y prometer, las empresas capitalistas de vigilancia están obligadas a mejorar sus predicciones y a cumplir su promesa de predecir el futuro mediante el ejercicio de la voluntad, para que se convierta en un hecho. Para Zuboff, posibilitar las economías de acción y las economías de alcance se logran a través de dos dimensiones. La primera es la extensión de las operaciones extractivas, que se amplían más allá del mundo virtual hasta el mundo real donde vivimos nuestras vidas de verdad. En consecuencia, Internet de las Cosas está funcionando en las calles, en las carreteras, a lo largo y ancho de las ciudades, con nuevas rutas de suministro aperturadas. La segunda dimensión es la profundidad de búsqueda de economías de alcance, que significa sondear el muy grande y bastante variado excedente conductual de alto contenido predictivo. Por consiguiente, es el gigante potencial lucrativo que a mayor suministro de datos obtiene nuestra personalidad, nuestros estados de ánimo y nuestras emociones, así como nuestras mentiras y vulnerabilidades.

El capitalismo de vigilancia pretende pues con el poder instrumental estimular, organizar y afinar la sociedad en una confluencia social análoga que sustituya la política y la democracia mediante la presión de grupo y la certeza computacional. Este es el núcleo del peligro y la violencia, debido a que “El capitalismo de vigilancia y el poder instrumental sobrepasan a las ambiciones normales de los capitalistas, ya que reclaman el dominio sobre territorios humanos, sociales y políticos que se extienden mucho más allá del ámbito institucional convencional de la empresa privada o del mercado”, escribe Zuboff.

Para sus operaciones extractivas y su sondeo al variado excedente conductual, el poder instrumental obtiene la materia prima de núcleos de anclaje tales como:

• empatía afectiva o cognitiva. Los mensajes constantes en línea influyen en nuestros estados emociones, lo que puede afectar una variedad de comportamientos fuera de línea dado que se transfieren a otros a través del contagio emocional. Así, la personalidad del individuo, su identidad, su consciencia y su capacidad de tener un comportamiento autónomo pueden ser aplastadas, eliminadas y reemplazadas por un control externo;
• equivalencia sin igualdad. Es la indiferencia radical del instrumentarismo cuyo método operativo deshumaniza, reduce a los individuos al mínimo común denominador de uniformidad donde no hay hermano, no hay lazos familiares, no hay relación alguna entre las alteridades, pese a los muchos y vitales sentidos en los que somos diferentes. Desde la visión del Gran Otro, somos estrictamente organismos que se comportan;
• control mental. Entre los años 1942 y 1963 la historia de las ciencias humanas y del comportamiento ha examinado episodios y experimentos clave sobre el mapeo a las partes subjetivas de la psique humana a través de técnicas de almacenamiento de datos que alguna vez fueron futuristas. Según la historiadora e investigadora del Departamento de Historia de la Ciencia de University Harvard, Rebecca Lemov, al observar las innovaciones en los métodos de recopilación de datos se observa una transformación en curso del conocimiento, la tecnología y la subjetividad desde el siglo 20.

Inicios del riesgo

Comenzando la década de 1990, la CIA y la DEA iniciaron el plan secreto Crisscross Proyect en Latinoamérica. Consistió en recopilar, en una base de datos, registros de facturación telefónica y directorios telefónicos para identificar y analizar vínculos entre objetivos de inteligencia y otras personas de interés. Al inicio, Crisscross se usó para la identificación de sospechosos relacionados con narcótico con base en el almacenado de cinco meta-datos en cada llamada telefónica: fecha, hora, duración, número llamado y número de quien llama, según un memorando de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Desde 1998 con el experimento The Aware Home Research Initiative (AHRI), iniciado en el Instituto Tecnológico de Georgia (Atlanta, EE.UU.), se estudia cómo las tecnologías en el hogar inteligente pueden afectar la vida de las personas en su salud y bienestar, sus medios digitales y entretenimiento, y su sostenibilidad. El marco del experimento AHRI consiste en que lo digital adopte múltiples modos según sean las funciones de las lógicas sociales y económicas de los individuos, siendo este foco un aspecto sin precedente en las actividades de vigilancia social.

De los años continuos de esa investigación se han extractado tres objetivos de trabajo: a) los nuevos sistemas de datos producen un ámbito de conocimiento totalmente novedoso; b) la propiedad de los derechos y el poder de uso sobre ese nuevo conocimiento, para mejoras de la propia vida, pertenece exclusivamente a los participantes del experimento, en este caso los habitantes del hogar inteligente; c) el plan de ingeniería experimental es una encarnación modernizada de las convenciones ancestrales del hogar con base en dispositivos móviles y plataformas portátiles que recogen información personal, dada la simbiosis humano-hogar.

La casa laboratorio de 3 pisos y más de 1,500 mt2 diseñada para facilitar la investigación, puso énfasis en la confianza, la simplicidad, la soberanía del individuo y la inviolabilidad del hogar como ámbito privado. Mientras tanto, el sistema de información configurado en bucle cerrado de dos nodos es controlado por los ocupantes del Living Labs. Cubrir un hogar inteligente como Aware Home necesita de oportunidades de investigación de socios de la industria en los dominios centrados en la vida conectada y en el futuro, que se prevé será la tecnología del hogar. Sin embargo, los capitalistas de vigilancia insisten en hacernos desviar la atención que sus prácticas son expresiones inevitables de las tecnologías que emplean.

El capitalismo de vigilancia ya desarrolló su primera fase con el individuo, consistente en la migración del mundo virtual al real: recordemos, el contagio emocional en ausencia total de señales no verbales y la realidad aumentada en Pokemon Go. Ahora se está consolidando la fase dos cuyo foco está puesto en el mundo social desde lo real. Podría ser el metaverso, que vende la matriz de Facebook, pues la vigilancia mediante datos sensibles es el negocio de la realidad donde todos los aspectos de la experiencia humana son convertidos en materia prima y transferidos a bases de datos en meta-datos de la conducta. Así se despliega una acción base (paraguas de personalización) con la que se efectúa y camufla la agresiva serie de operaciones de extracción de datos que explotan las íntimas profundidades de la vida.

En consecuencia, la confianza y la soberanía del individuo frente a los dispositivos típicos pre-configurados son también falsas, ejercidas a través de la “política de privacidad”, del “acuerdo de términos de servicio” y de la “licencia para el usuario final”, por cada software instalado como por cada hardware compartido. Con estas normatividades algunas de las plataformas de medios sociales escudan parcialmente su responsabilizan ante la seguridad de información que recopilan de los usuarios pero no asumen obligación alguna por el uso que otras empresas de su ecosistema den a los datos. Es decir, la privacidad y la seguridad personal es información sensible que se comparte con otros dispositivos inteligentes, con personas anónimas y con otros terceros para efectuar análisis predictivos y ventas no especificadas. Este paraguas de personalización favorece los experimentos socio-computacionales.

Actual peligro

El capitalismo de vigilancia es una lógica que impregna a la tecnología y la pone en acción en variadas formas para el mercado digital, escribe Zuboff. Su argumento se apoya en estudiar los resultados de la casa de Georgia; en observar las prácticas capitalistas de vigilancia de Google, Facebook, Microsoft y otras corporaciones; en entender lo dicho o escrito en entrevistas, patentes, teleconferencias de resultados, discursos, congresos, vídeos, programas y políticas de las empresas; en entrevistar a 52 científicos de datos de 19 compañías con experiencia en corporaciones y startups de alta tecnología del Silicon Valley, entre 2012 y 2015.

Otra red de relaciones analizada por la autora como datos de vigilancia remiten al final del año 2007 cuando el director de la NSA, el general Keith Alexander, puso en marcha el proyecto piloto para tratar de “parecerse más a Google, emulando e interiorizando las capacidades de dicha empresa” mediante el motor de búsquedas Icreach, que “haría posible compartir y analizar un volumen sin precedente de metadatos de comunicaciones entre las múltiples agencias de la Intelligence Community”. Aquel programa incrementó considerablemente la cantidad de registros comunicativos -de 50 mil millones ascendió hasta más de 850 mil millones- compartidos entre la DEA, el FBI, la CIA y la DIA, como miembros principales, con base en llamadas telefónicas, correos electrónicos, ubicaciones de teléfonos celulares y chats de Internet. Es decir, un nuevo Crisscross Proyect pero local.

Según el periodista investigativo de Reino Unido, Ryan Gallagher, receptor de la documentación clasificada que distribuyó el consultor informante de la CIA y de la NSA, Edward Snowden, el buscador Icreach permitía a los analistas realizar consultas con base en selectores de meta-datos y extraer excedentes conductuales vitales. Con todo ese lote, la prospección revela los movimientos de las personas, mapea sus redes sociales, predice acciones futuras y evidencia potencialmente las afiliaciones religiosas o creencias políticas de los ciudadanos, en especial de los extranjeros en territorio norteamericano.

Zuboff diferencia capitalismo y capitalismo de vigilancia: en parte por los fines y los métodos de la recopilación de datos. En efecto, Google inventó y perfeccionó el capitalismo de vigilancia, Facebook lo extendió por el mundo con rapidez, Amazon giró su política de distribución para empezar a vigilar y Apple ha tenido un desafío constante por encaminarse por esa ruta. Con el capitalismo de vigilancia se ha tramado una rutina invasora de especies sin depredadores naturales y cuyos CEO’s impulsan la coherencia sistémica entre sus diversificados negocios a un ritmo tan alocado que no hay instituciones públicas ni privadas con capacidad de frenarlos.

Desde cada perspectiva corporativa es obvio que las empresas capitalistas se deslinden de su compromiso debido a que obtienen los datos conductuales más predictivos interviniendo en la marcha misma de las cosas para persuadir ciertos comportamientos y dirigirlos hacia resultados rentables. Es por ello que a los capitalistas de vigilancia ya no les importa Internet sino Internet de las Cosas. No en vano algunos de los dispositivos típicos configurados para la investigación del Hogar Inteligente se terminaron fusionando con Google y desde entonces, el volumen del negocio mundial de los hogares conscientes asciende a unos 150 mil millones de dólares. Esto es 67% más que las transferencias netas anuales a que se comprometieron los países para financiar internacionalmente el cambio climático.

Alcanzar esta cifra de dinero en dos décadas se deduciría por la norma no consensuada que favorece la vigilancia secreta pero también por la ausencia de ley frente al derecho de invadir a voluntad, de usurpar los derechos individuales de decisión en beneficio de la vigilancia unilateral y de la extracción pre-autorizada de la experiencia humana para lucro de terceros. Una norma no consensuada, por ejemplo, es la orden ejecutiva 12333, sancionada el 4 de diciembre de 1981, por el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan.

Según la carta del 13 de abril de 2021 de los senadores del Partido Demócrata Ron Wyden, de Oregón, y Martin Heinrich, de Nuevo México, enviada al director de la CIA, William Burns, y a la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, parcialmente desclasificada a inicios de febrero 2022, el programa secreto de vigilancia ha sido operado por la CIA bajo el documento 12333 ejecutado por la NSA para recopilar información no cifrada que fluye a través de los centros de datos de las gigantes de las comunicaciones por Internet, Google y Yahoo! Afirman Wyden y Heinrich que el mencionado plan se ha llevado a cabo desafiando los esfuerzos del Congreso de “prohibir en algunos casos la recopilación de los registros de los estadounidenses sin orden judicial”.

Por su parte, la carencia de impedimentos legales se protege a partir del 1999 con el acceso de Internet a la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, un parasol de simulada defensa del ideal social y de la emancipación. A partir de los atentados a la democracia liberal del 11S sobre Nueva York ha sido más fácil de articular y en la década que siguió, el excepcionalismo de la vigilancia se manifestó también en una serie de dinámicas de imitación.

Zuboff sugiere como solución radical “poner nombres a aquello que carece de precedentes, y luego, movilizarnos hacia nuevas formas de acción colaborativa que generen crucial fricción para reafirmar la primacía de un futuro humano floreciente como meta fundamental de nuestra civilización informacional”.