El activismo quizás no ofrece justicia ni genera reparación al daño pero se ha convertido en multiplicador fundamental para prevenir, promover y fomentar la información y el contenido responsable compartido en las redes sociales
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Aquella norma es un conjunto de reformas legislativas acerca de la ciberviolencia: conductas de acoso, abuso y amenaza que atentan contra la intimidad y la honra personal. Se trata de contenidos publicados y distribuidos sin consentimiento o mediante engaño a través de archivos de video, audio, fotografía con contenido real o simulado, sexual e íntimo de la persona agredida.
Otra forma de violencia digital se genera con materiales impresos, comunicación por correo electrónico, mensajes telefónicos, expuestos, exhibidos, distribuidos, difundidos, reproducidos, transmitidos, comercializados, ofertados, intercambiados y compartidos, usualmente en archivos de imagen con el mismo contenido íntimo de una persona, a sabiendas que no existe aprobación previa.
Según contó la joven Olimpia al noticiero ONU, el 8 de marzo de 2023: “Nos unimos desde hace una década para entender nuestros propios contextos y poder hacer estrategias para que otras mujeres no vivan la violencia sexual y virtual que nosotras vivimos”. Lo constituido por la activista y su grupo de defensoras es un movimiento político integrado por diversas mujeres para enfrentar desde el amor, la resiliencia y la solidaridad, el acoso y la violencia digital.
El motivo que despertó la conciencia de Olimpia a sus 18 años fue la distribución, sin su consentimiento, de un vídeo íntimo donde ella aparecía desnuda y que su novio hizo viral en WhatsApp y después en Facebook, negando haber sido el responsable. Por el suceso ella se aisló, se encerró en su hogar, dejó de asistir a su escuela, ni salía a la calle, pero con el apoyo de su familia retomó su vida y comprendió que no era la única mujer, ni la última, quien sufría violencia digital en México.
Efectos de la violencia digital
Existen tres tipologías de violencia clasificadas por los teóricos: directa, la forma más visible sea física o verbal; estructural, manifestada con base en discriminación y marginación; y cultural, referida al ataque a los rasgos culturales y a la identidad colectiva. Así lo expuso en 1998, Johan Galtung, creador de la perspectiva y la metodología “Investigación sobre la Paz”, en su ensayo “Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia”.
Concretamente, la violencia digital está más ligada a internet y a las plataformas sociales por las expresiones que se intercambian libres pero a quienes son víctimas, aquel contenido les genera impacto negativo en sus vidas privada y social. Este tipo de violencia, que no deja marcas físicas, sí muestra huellas importantes en la víctima a nivel psicológico debido a la segregación social y a la automarginación.
Más allá, exhibir fotos o videos íntimos y privados sin consentimiento es delito contra la intimidad y la imagen personal, y cuando se agregan comentarios, negativos y ofensivos, en el muro de las cuentas en las redes sociales sobre las personas víctimas como en Facebook, X, Instagram, y en páginas en general de internet, esa ciberviolencia tiene el mismo impacto de la violencia física.
Para iluminar aquella violencia acosadora, intimidante, invisible en línea, lo primero es identificar y distinguir el contenido con amenaza, acoso, insultos. Son todos actos concretos y específicos pero intolerables, inadmisibles, violentos, que manifiestan por lo general una conducta hostil, intencionada, voluntaria, repetitiva y sistemática. Y claro, la persona víctima queda indefensa en la mayoría de los casos al no poder defenderse. El objetivo del acosador consiste pues en dominar física, verbal y socialmente a su víctima para aislarla y destruirla en el ámbito público. Por tanto, el agredido y su grupo social deben informar, contactar asesoría jurídica, interponer denuncias, mitigar ese progreso agresivo con terapia especializada en violencia contra mujeres o en violencia de género, según sea el caso.
Recogiendo acciones para fortalecer la seguridad digital, el gobierno colombiano ha incluido los programas del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones “Mujeres TIC para el Cambio”, que fomenta el liderazgo femenino a través de procesos de formación gratuita para la productividad, y “Ciberpaz”, que motiva a través de charlas el uso de la tecnología de manera consciente, empática, segura y responsable. Otras estrategias son algunas normas de regulación y de coordinación para bloquear las comunicaciones no autorizadas desde cárceles; el fortalecimiento del ColCert, un grupo de investigación y prevención sobre ciberseguridad y el proyecto de Ley que crearía la Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales. Por su parte, gobiernos locales, sociedad civil y varios actores del ecosistema TIC han emprendido lentas acciones. La gobernación de Caldas, junto al centro de desarrollo tecnológico Bios, por ejemplo, en el último año, han venido impulsando el proyecto Hub de Ciberseguridad, y los centros de Inteligencia Artificial y de operaciones de seguridad.
Con base en una encuesta de 2017 que Amnistía Internacional encargó a Ipsos Mori se analizaron las experiencias de 500 mujeres entre 18 y 55 años de edad en Dinamarca, España, Estados Unidos, Italia, Nueva Zelanda, Polonia, Reino Unido y Suecia.
Casi una cuarta parte (23%) de las encuestadas dijeron haber experimentado abuso o acoso en línea al menos una vez; 41% de ellas abusadas o acosadas en línea dijeron que, al menos en una ocasión, esas experiencias las hicieron sentir amenazadas por la inseguridad física; poco menos de la mitad (46%) de quienes habían sufrido abuso o acoso en línea respondieron que el ataque era de naturaleza misógina o sexista; más de la mitad (58%) de abusadas o acosadas en todos los países dijeron que su ataque había incluido racismo, sexismo, homofobia o transfobia y 59% de quienes habían sufrido abuso o acoso en línea dijeron que la violencia provenía de completos desconocidos.
En Colombia los datos reportados por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, entre 1980 y 2016, más de 17.000 mujeres y niñas fueron víctimas de violencia sexual relacionada con el conflicto armado. El Centro Cibernético de la Policía recibió en 2022 denuncias por casos de sextorsión (62), por ciberacoso (325), por injuria o calumnia a través de redes sociales (676) y por amenaza (972). Según Ranking PAR en 2024, 60% de las mujeres entre 18 y 40 años de edad asegura haber sido acosada a través de medios digitales. El Observatorio de la Democracia y la Universidad de los Andes encontraron que “25.5% de las periodistas mujeres participantes en su investigación ha sido víctima de agresiones por violencia de género a través de canales digitales debido a su trabajo". Y para echar sal a esa herida, el Presidente de la República las califica de “muñecas de la mafia” sin determinar justificación objetiva alguna.
Según dan a conocer especialistas, como la doctora en Biomedicina Feggy Ostrosky, “nuestro cerebro registra la violencia y las amenazas virtuales como si fueran reales”, siendo sus efectos inmediatos: ansiedad, depresión y dependencia, lo que puede generar actitudes violentas hacia los demás o hacia sí mismo.
Retomando los resultados de Amnistía Internacional, 63% afirmó que no había podido volver a dormir normal desde el abuso o acoso en línea, 61% de quienes dijeron haber sufrido abuso o acoso en línea en todos los ocho países de la encuesta experimentó menor autoestima o pérdida de confianza en sí misma, 56% dijo que el abuso o acoso en línea les había impedido concentrarse durante largos períodos de tiempo y 55% dijo que había experimentado estrés, ansiedad o ataques de pánico después de sufrir abuso o acoso en línea.
Mitigaciones contra la violencia digital
La violencia digital la compone una amplia gama de agresiones: vulneración de los datos personales sensibles, privado o semiprivado; propagación pública de información falsa; divulgación de información engañosa; transmisión de mensajes de odio; difusión de contenido digital íntimo no consentido; acoso; hostigamiento; amenaza.
De manera que compartir información con alguien, por ejemplo la pareja o alguien de confianza, significa de entrada dar probabilidad a la ausencia del consentimiento. Un comportamiento humano frecuente debido a que no advertimos previamente en la protección de nuestros datos personales, que por Ley reconoce y protege el derecho de todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones susceptibles de tratamiento por entidades públicas o privadas.En Suecia 57% de las mujeres encuestadas para Amnistía Internacional afirmó que las políticas de gobierno para enfrentar el abuso eran inadecuadas, alrededor de un tercio de las mujeres en Reino Unido (33%), Estados Unidos y Nueva Zelanda (ambos 32%) afirmaron que la respuesta policial al abuso en línea era igual de inadecuada. La encuesta también indicó que menos de la cuarta parte (18%) de las mujeres en todos los países dijeron que las respuestas de las empresas de redes sociales eran muy, bastante o completamente adecuadas.
Defensores digitales recomiendan: no compartir links donde se exhiba violencia ya que se podría contribuir indirectamente con la viralización; denunciar el contenido en la misma plataforma digital; enviar a la red social el pantallazo para su revisión como prueba indiciaria; reportar desde diferentes cuentas para alertar el algoritmo hasta que se elimine el contenido. Por su parte, Amnistía Internacional ha venido solicitando a los gobiernos que garanticen la existencia de leyes, políticas, prácticas y formación adecuadas para prevenir y poner fin a la violencia y al abuso en línea contra las mujeres, sin imponer restricciones o sanciones indebidas al legítimo ejercicio de la libertad de expresión.
Los países de Latinoamérica donde una ley Olimpia no ha sido aprobada y las mujeres siguen sufriendo violencia digital, también pueden tomar acciones legales dentro de su marco legislativo existente, porque seguramente sobreviene el delito de extorsión. Se trata de encuadrar la conducta del acoso, la amenazas y de otro tipo en la figura legal. Por tanto, el proceso no es fácil pero la justicia debe superar el miedo a la usual cultura de violencia contra la mujer o la violencia de género, y las personas víctimas acceder al sistema ya que mientras más se ejerza el derecho de la denuncia y cuanto más se exija, se impulsarán dichos mecanismos hacia su perfección.
Otras medidas de seguridad digital extremas que protegen la privacidad digital, a saber: siempre utilizar dispositivos con contraseña actualizada por lo menos cada trimestre; nunca revelar esas contraseñas ni almacenarlas en la memoria informática; decididamente crear contraseñas secretas, complejas y seguras o activar la verificación en 2 pasos; definitivamente evitar la misma contraseña para todos los accesos a internet; periódicamente actualizar el software del dispositivo y de las aplicaciones activadas; incesantemente evitar el robo o la pérdida del dispositivo; habitualmente revisar las aplicaciones no instaladas; continuamente administrar la configuración de ubicación permanente en el dispositivo y sobre todo, constantemente bloquearlo en tiempo de descanso o de manera remota.
Educación en igualdad de género
Aunque se refuerce la seguridad digital, la violencia contra las mujeres es estereotipo del carácter social, que influye y fomenta la discriminación de género. Lo actuado en esencia por Olimpia Coral Melo ante la violencia digital contra las mujeres es promover el ejercicio de los derechos humanos y de los valores originado en relaciones de respeto mediante la educación desde la infancia en temas de igualdad y de equidad.
No vale solo reconocer la violencia digital como una modalidad de agresividad contra la mujer y el género sino que debe ser visibilizada, prevenida, inhibida y castigada mediante leyes que respalden el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia con base en el género. De allí que la sororidad sea clave para erradicar la violencia digital contra mujeres y dejar de estigmatizar el tema. Ha repetido la joven Olimpia, “no quedarse callada sino alzar la voz, buscar ayuda profesional, proceder y actuar conforme la ley” y, algo de su mensaje, ha calado en la sociedad regional.
Tres países de Latinoamérica han reconocido el triunfo de la Ley Olimpia en el orden de fortalecer algunas bases sociales para transformar creencias, estigmas, prejuicios, roles y estereotipos que oprimen a las mujeres y que las colocan en especial vulnerabilidad cuando su intimidad es expuesta de forma explícita y pública.
El gobierno de México, desde abril de 2021, promulgó la Ley que colocó un tema invisible en su agenda pública y la academia ha empezado a estudiar debido a la lucha social organizada a través del Frente Nacional para la Sororidad, Defensoras Digitales y muchas otras colectividades feministas.
En Argentina, en octubre de 2023, el gobierno legalizó la Ley incorporando la violencia contra las mujeres en entornos digitales como un modo de violencia de género y determinó medidas cautelares de protección para que la justicia ordene a las plataformas digitales eliminar el contenido que genera violencia.
El Congreso de Colombia abrió un espacio de diálogo el pasado 17 de septiembre de 2024 para modificar ciertos artículos del Código Penal y de la Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Entonces el proyecto de ley penalizaría la creación, difusión, sustracción y distribución no consentida de material íntimo erótico o íntimo sexual en redes sociales y sancionaría las conductas relacionadas con creación, difusión, sustracción y distribución no consentida de material íntimo erótico o íntimo sexual.
No obstante, durante la tercera semana de septiembre 2024, en una peripecia política, el ministro de las TIC de Colombia asistió al Congreso de Seguridad Nacional donde aseguró que “El Hub de Ciberseguridad que se desarrolla en Caldas, el proyecto de ley para la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales y el fortalecimiento del ColCert hacen frente a las ciberamenazas”. Mientras tanto, dando vuelta a la tortilla, en el segundo Encuentro de Medios Alternativos, Comunitarios y Digitales, que reunió a 1.500 periodistas y comunicadores de todo el país, el mismo titular de aquella cartera se comprometió a fortalecer a los medios alternativos mediante la Ley de tercios: destinar 33,3% de la pauta oficial para la financiación y abrir dos convocatorias por $15.000 millones para invertir en contenidos y equipos, y para la creación de 300 nuevas emisoras comunitarias. ¿Y su regulación? Sigue girando en el Congreso.
